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Stanley Merritt. como muchos, está preocupado porque se ha previsto que finalice la suspensión de los pagos de préstamos estudiantiles federales establecida a raíz de la pandemia. Y cuando

vuelvan a llegar las facturas, serán de un importe superior al que puede pagar ahora con su pensión y los beneficios por incapacidad del Seguro Social de su esposa, cuyo poder adquisitivo

sufre las consecuencias de la inflación. Ya está recortando otros gastos —como la televisión por cable y los alimentos— y tiene planes de recurrir a sus ahorros jubilatorios. La suspensión

de los pagos “ha sido una gran ayuda”, observa Merritt, quien tiene 59 años y tuvo que solicitar un préstamo para ayudar a pagar los estudios universitarios de su hijo. No obstante, tener

que reanudar los pagos “agravará una situación que ya es precaria”. Pocas veces se han producido tantos cambios y confusión en torno a las normas que rigen los préstamos estudiantiles. Esa

suspensión de pagos ha estado a punto de finalizar en varias ocasiones, para luego ser prorrogada. La fecha límite actual es 60 días después del 30 de junio de 2023, y el Gobierno federal

ahora ofrece condonar hasta $20,000 en préstamos estudiantiles. (La suspensión también podría terminar un poco antes si se ha resuelto el litigio sobre la condonación de la deuda

estudiantil). Al mismo tiempo, muchas de las empresas privadas que el Gobierno contrata para gestionar los préstamos están dejando el negocio y transfiriendo a los prestatarios frustrados de

una empresa a otra. “Las personas no saben a dónde acudir cuando surgen problemas o tienen preguntas”, señala Kyra Taylor, una abogada especializada en los préstamos estudiantiles en el

National Consumer Law Center. “Es demasiado complicado determinar quién tiene derecho a qué”. Todo esto ocurre en el marco de un debate en el Congreso sobre la posibilidad de condonar

totalmente los préstamos estudiantiles pendientes. “He presenciado períodos de inestabilidad, ya sean económicos o a causa de una catástrofe, y este es el momento más descabellado por el que

he pasado”, dice Betsy Mayotte, presidenta del Institute of Student Loan Advisors. “Simplemente tenemos demasiadas dificultades por delante”. Sin embargo, entre tanta conmoción, también hay

oportunidades de ahorro o de condonación de las deudas pendientes, si se tiene la determinación y la perseverancia necesarias y se cumplen numerosas condiciones. Esto incluye a los cerca de

8.4 millones de titulares de préstamos estudiantiles de 50 años o más que, según la Reserva Federal, deben en conjunto $358,100 millones —es decir, un promedio de $42,630 cada uno—, lo que

representa una quinta parte de los $1.58 billones en deudas de préstamos estudiantiles que mantienen todas las personas en el país. Por ejemplo, los expertos recomiendan a los prestatarios

que puedan afrontarlo que sigan pagando sus préstamos durante la suspensión, ya que de este modo ahorrarán en el pago de intereses. El Gobierno también está cancelando en su totalidad

préstamos federales por valor de miles de millones de dólares cuyos titulares son personas que tienen una discapacidad permanente o que fueron defraudadas por instituciones que las engañaron

o que cerraron antes de que obtuvieran su diploma, como ITT Technical Institutes y Westwood College. Estas reclamaciones llamadas “condonación de la deuda del préstamo por medio de una

defensa del prestatario” se habían limitado previamente.