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Hasta ahora, Colorado, Florida, Maine, Nuevo Hampshire, Nuevo México y Vermont aprobaron leyes que establecen programas para importar medicamentos de Canadá. Todos, excepto Nuevo Hampshire,

han presentado planes de importación al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) y a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) para la aprobación

requerida. El gobernador de Florida Ron DeSantis, cuyo estado en el 2019 fue el primero en presentar su programa al HHS, ha dicho que la importación podría “ahorrarle potencialmente al

estado entre $80 y $150 millones solo en el primer año”. Los reguladores federales aún no han tomado una decisión sobre ninguno de los planes estatales. Las estrategias estatales de

importación son “ciertamente prometedoras”, dice Bartholomew, pero “es demasiado pronto” para saber qué tipo de efecto tendrán en la reducción de los costos de los medicamentos. “Primero

necesitamos la aprobación”, dice. LIMITAR LOS ADMINISTRADORES DE BENEFICIOS FARMACÉUTICOS Los PBM son intermediarios que negocian el suministro y los precios de los medicamentos con los

fabricantes de fármacos y las farmacias para las compañías de seguros de salud, lo que les da cierta influencia para reducir los costos de los medicamentos recetados. Aunque las compañías

aseguradoras contratan a los PBM para reducir los costos de los medicamentos, algunas de sus prácticas se han criticado —principalmente por farmacéuticos y compañías farmacéuticas— por tener

el efecto opuesto. Por ejemplo, se ha detectado el “precio diferencial”, donde los PBM reciben una tarifa de reembolso más alta de las aseguradoras por un medicamento en comparación con lo

que los PBM realmente pagarían a las farmacias por ese medicamento, lo que permite que los PBM se queden con la diferencia. Además, algunos PBM incluían cláusulas de silencio en sus

contratos con los farmacéuticos para evitar que compartieran opciones de menor costo con sus pacientes, como pagar de su bolsillo en vez de comprar a través de su plan de seguro. En total,

47 estados han promulgado aproximadamente 130 leyes para limitar estos tipos de prácticas comerciales de los PBM desde el 2017. “La regulación de los PBM es un área en la que hemos observado

actividad en la mayor cantidad de estados”, dice Reck, de la National Academy for State Health Policy. Pero si bien estas leyes han ayudado a prevenir algunas prácticas problemáticas en la

cadena de suministro de medicamentos, sus beneficios para reducir los costos para los consumidores han sido mínimos, dice Leigh Purvis, directora de Acceso y Costos de Atención Médica del

Instituto de Política Pública de AARP: “No hemos visto ninguna evidencia de que los consumidores se hayan beneficiado directamente de esta ley. De hecho, los precios de los medicamentos

continúan aumentando”. Casi 1,200 medicamentos ya han experimentado un aumento de precio en el 2022 (en inglés). Y los precios de lanzamiento de nuevos medicamentos de marca aumentaron casi

un 11% al año desde el 2008 al 2021, según un estudio reciente publicado en JAMA Health Network. “La realidad es que los PBM han sido un chivo expiatorio de las compañías farmacéuticas, las

cuales han intentado, y logrado, desviar la atención de ellas hacia los PBM, diciendo que son los que causan aumentos de precio”, dice Purvis. “Pero lo cierto es que los fabricantes de

medicamentos son los únicos que pueden establecer estos precios”. Las oficinas estatales de AARP han sido una fuerza impulsora detrás de muchas de las iniciativas estatales para reducir los

costos de los medicamentos recetados en los últimos años. E incluso con la histórica Ley de reducción de la inflación, los esfuerzos estatales para seguir reduciendo los costos continuarán,

dice Bartholomew. “Esta ley federal va a marcar una gran diferencia para el cuidado de la salud en Estados Unidos, pero no es una solución milagrosa”, dice. “Los esfuerzos estatales han sido

enormes, y continuarán asegurándose de que todas las personas en el país —en todas partes del mercado del cuidado de la salud— puedan pagar sus medicamentos recetados”.