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Pero ninguna campaña de esta escala ha sido realizada para las vacunas posteriores. Además, ninguna parte del mandato federal de vacunación requiere que los trabajadores se mantengan al día

con las vacunas. Aunque algunos estados han emitido sus propios mandatos relacionados con el refuerzo para los trabajadores, o han ayudado a coordinar clínicas de vacunación, la mayoría no

lo han hecho, por lo que los centros han debido arreglárselas por su cuenta. Muchos operadores han informado que se enfrentan a altas tasas de renuencia a vacunarse, falta de conocimiento o

confusión sobre las vacunas de refuerzo bivalentes, falta de personal para administrarlas, además de fatiga por la pandemia en sus comunidades. A finales de diciembre, AARP escribió (en

inglés) a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que regulan los más de 15,000 hogares de ancianos en el país que participan en Medicare o Medicaid, instando a “más acción”

para aumentar las tasas de vacunación actualizadas. La carta criticó a la agencia por flexibilizar demasiado el cumplimiento de sus requisitos de vacunación contra la COVID-19 para el

personal y pidió que se aumentaran las consecuencias por incumplimiento. También urgió a la agencia a aumentar la educación sobre las vacunas y la difusión proactiva en los hogares de

ancianos con tasas bajas de residentes y personal al día con sus vacunas y a establecer clínicas de vacunación en los centros. Los CMS dijeron a principios de enero que se estaban llevando a

cabo clínicas de vacunación ubicadas en los centros en todo el país para los residentes y empleados y que la agencia, junto a sus socios, seguían comunicándose con los hogares de ancianos

para ofrecer asistencia, educación y apoyo. “Realmente esperamos que acepten la ayuda de estos grupos”, dijo la administradora de los CMS, Chiquita Brooks-LaSure, durante una llamada con las

partes interesadas de los hogares de ancianos. “Obtener la vacuna actualizada es la herramienta más importante que tenemos para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes a

causa de la COVID-19. Y los residentes de hogares de ancianos, que a menudo son particularmente susceptibles a los efectos graves del virus, merecen el nivel más alto de protección que

podemos ofrecer”. Más de 180,000 residentes y empleados de hogares de ancianos han muerto a causa de la COVID-19 durante la pandemia, que representa aproximadamente una sexta parte de la

todas las muertes por COVID-19 en el país. El análisis estuvo a cargo del Instituto de Política Pública de AARP y el Scripps Gerontology Center de Miami University (enlace en inglés) en

Ohio, y se basa principalmente en datos del Nursing Home COVID-19 Public File (enlace en inglés) de los Centros de Servicios de Medicare y Medicare. La mayoría de los hogares de ancianos

están certificados por el Gobierno federal y están obligados a presentar informes al Gobierno semanalmente. Este análisis continuo solo recopila datos de los hogares de ancianos certificados

por el Gobierno federal, a diferencia de otros informes que incluyen datos de todos los centros de cuidados a largo plazo, tales como centros de vida asistida, de vida independiente, de

cuidado de la memoria y otras instituciones. El próximo mes, cuando se disponga de nuevos datos federales, se publicará un análisis actualizado. Más información sobre el análisis (enlace en

inglés).