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El Ministerio de Cultura ha lanzado una línea de ayudas por valor de 4,45 MILLONES DE EUROS, ampliables a 6 millones, para sufragar «proyectos culturales con especial impacto social», que,

para el departamento que dirige ERNEST URTASUN, son todos aquellos que ... se ajustan a su ideario político. Así, Cultura financiará iniciativas que contribuyan a promocionar aspectos como

la igualdad de género y de colectivos LGTBIQ+, la diversidad lingüística, la accesibilidad universal o la diversidad generacional. Se encargará de valorar la viabilidad de las distintas

iniciativas que se presenten una comisión de nueve miembros de los que seis estarán nombrados a dedo por Jazmín Beirak, que desde la Dirección General de Asuntos Culturales se encarga de

velar por la pureza ideológica de todas las iniciativas que emprende el ministro Urtasun. La resolución, publicada en el BOE y en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas

Públicas, indica que el objetivo de las ayudas no debe limitarse a «apoyar y visibilizar» proyectos que enriquezcan la oferta cultural; Cultura va más allá, quiere que las subvenciones

«incorporen la equidad como un elemento fundamental de las políticas culturales». ¿Y qué es un «proyecto cultural con impacto social»? Aquel que emplee la cultura «como una herramienta para

generar transformaciones positivas en la comunidad y en el entorno social», detalla la resolución. «Estos proyectos, además de promover la expresión artística y creativa, buscan también

abordar cuestiones sociales relevantes, como la inclusión, la cohesión, la equidad y la participación ciudadana», impulsan «la democracia cultural» y garantizan «los derechos culturales de

todas las personas». En el apartado de los criterios de valoración se explica mejor en qué consiste esto de la «democracia cultural», o más bien, qué es lo que puntúa como tal. Cuarenta de

los cien puntos están reservados a cuestiones que van de la mano de la agenda política de Sumar; entre ellas, promover «la participación cultural de toda la ciudadanía», que consiste en

promocionar la igualdad de género y de colectivos LGTBIQ+ o la diversidad lingüística; fomentar «la transversalidad de la cultura»; «fortalecer la capacidad de creación ciudadana», para lo

que habrá que aplicar «metodologías participativas e inclusivas»; y «fortalecer la cohesión y articulación del tejido cultural». Cultura reserva otros diez puntos para los proyectos que

involucren a diversas comunidades autónomas o territorios «alejados de los principales centros culturales». Ningún proyecto será subvencionado si no obtiene una puntuación mínima de 25

puntos de estos cincuenta. La calificación máxima para las cuestiones técnicas y artísticas de los proyectos, en cambio, es de 25 puntos. Lo ideológico sobre la calidad. Los otros 25 puntos

restantes son para cuestiones como el planteamiento económico de las iniciativas, la trayectoria de las entidades que se postulen y el espacio dedicado a la mediación cultural. Urtasun ha

destinado 4.450.000 euros del presupuesto de Cultura a sufragar estos proyectos, que se repartirán entre entidades con ánimo de lucro (un máximo de 1.950.000 euros) y entidades sin ánimo de

lucro (2.500.000 euros). Si esta línea de ayudas se queda corta, el ministerio ha habilitado un mecanismo para ampliar las subvenciones por un importe máximo de 1.550.000 euros, hasta los 6

millones de euros. Cada proyecto podrá recibir entre 10.000 y 100.000 euros. Los encargados de puntuar las distintas iniciativas serán los nueve miembros de una comisión de valoración: seis

de ellos nombrados a dedo por la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak. Todo queda en casa. Beirak asumió el cargo en marzo del año pasado con la misión de encauzar todas

las líneas de actuación del ministerio hacia la idea de «democracia cultural» de Sumar y, de paso, convertirse en el ariete de Urtasun para «garantizar la libertad de expresión» frente a la

«censura de la ultraderecha». También prometió desarrollar un ambicioso plan de derechos culturales que aspiraba a convertir las instituciones culturales en facilitadoras de cultura, y no

solo en proveedoras de productos para consumir. La idea de Sumar era hacer una ley, pero, dadas las dificultades de este Gobierno en el Congreso, redujo sus ambiciones a un plan normativo.

Cultura prometió tenerlo listo para este mes de mayo. En estos meses, la 'superdirectora' de Urtasun ha convocado a entidades del sector para darle forma al proyecto y ha tratado

de implicar a las comunidades autónomas, aunque algunas, con Madrid a la cabeza, han expresado su rechazo a estos planes. Esta es la primera gran línea de ayudas relacionada con este

departamento que lanza el Ministerio de Cultura. Hasta ahora, todo habían sido anuncios y propaganda. Durante el año y dos meses transcurridos desde que se creara la dirección general –en

detrimento de la de Industrias Culturales–, se han destinado casi 4 millones de euros a publicidad. Primero fueron 3,4 millones de euros para una campaña publicitaria con el lema 'La

cultura está en ti, está en todo', (dar con él costó 172.667 euros). Luego fue una segunda licitación por valor de 300.000 euros para dar con otro eslogan. Ahora, coincidiendo con el

previsible lanzamiento del plan, Cultura considera necesario consolidar la importancia de la cultura «como derecho fundamental que impulse una sociedad más democrática e inclusiva». Beirak

dijo la semana pasada que España tiene que aprender de los países latinoamericanos en materia de derechos culturales.