Las víctimas de los inquilinos okupas cargan contra el Gobierno por su ley de vivienda: «Nos deja desamparados»
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Las víctimas de los inquilinos okupas cargan contra el Gobierno por su ley de vivienda: «Nos deja desamparados»La plataforma de afectados comparece en el Parlamento andaluz y reprocha al
Ejecutivo de Pedro Sánchez que «manipula» los datos sobre este «grave problema»Una jubilada de Huelva tras caerse el techo de su piso por culpa de unos vecinos okupas: «Si me cae en la
cabeza, me mata»David Arroyo (cuarto por la izquierda), portavoz de la plataforma de afectados por la okupación e inquiokupación, este jueves con diputados en el Parlamento andaluz abc
Antonio R. Vega
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Iniciar sesión05/06/2025Actualizado a las 18:44h.Compartir Copiar enlace
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Suscribete Están hartos. Y han aprovechado una comparecencia en el Parlamento andaluz para levantar la voz contra la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, que complica la
expulsión de okupas y de inquilinos que dejan de pagar su alquiler. En una intervención este jueves ante los grupos políticos que integran la Comisión de Vivienda de la Cámara autonómica, el
portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación en Andalucía, David Arroyo, ha pedido la derogación de esta norma estatal y de los sucesivos decretos que desde
la pandemia han ido prorrogando estas medidas que están impidiendo que durante años los propietarios puedan recuperar sus viviendas cuando los arrendatarios se declaran en situación de
vulnerabilidad.
El responsable de la plataforma reprochó al Gobierno de coalición del PSOE y Sumar que esgrima un «dato manipulado» que no muestra el verdadero alcance del problema de la inquiokupación que,
según este colectivo, afecta a 82.000 propietarios. En concreto, se refirió a la estadística publicada por el Ministerio del Interior que contabiliza 16.426 denuncias por allanamiento o
usurpación de inmuebles en España durante 2024, de las que 2.207 se localizaron en Andalucía. «Se está utilizando el dato manipulado de que este problema solo afecta al 0,053% del parque de
viviendas», señala, dejando de lado «el principal problema que es el de la inquiokupación que afecta cada vez a más personas».
Consejos para aprovecharse por internet «Los okupas cada vez están más asesorados y saben que el allanamiento les trae más problemas que la inquiokupación, con la que están mucho más
protegidos por la administración, de manera que prefieren entrar en las viviendas con este sistema. Incluso corren por internet consejos sobre cómo llevar menores o firmar documentos
ficticios de arrendamiento con terceras personas», detalló. «No somos un bulo», ha lamentado.
Desde la plataforma afearon a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no los ha recibido a pesar de haberle solicitado por escrito una reunión «todos los meses» desde su llegada la
cargo en noviembre de 2023. «Nos sentimos totalmente desamparados por el Gobierno que en ningún momento se ha puesto del lado de los afectados por este grave problema» que ha experimentado
un «crecimiento exponencial» en todo el país, ha alertado el portavoz del colectivo.
Arroyo matiza que muchos caseros están optando por soluciones extrajudiciales llegando a acuerdos económicos para pagar una cantidad a los okupas o encargando los desalojos a empresas de
mediación. Ha recordado que, por ejemplo, en la estadística oficial no se incluyen casos como el de Blanca Rodríguez publicado por ABC, en alusión a la jubilada de Huelva que ha tenido que
«abandonar su vivienda e irse a vivir de alquiler» por los problemas de insalubridad que generan sus vecinos okupas. Así, ha destacado que «no somos rentistas ni especuladores como ahora les
ha dado por llamarnos algunos políticos», puesto que el 93% de los alquileres corresponden a pequeños propietarios y «el 50% son jubilados» que buscan así «compensar sus pensiones».
En su comparecencia, Arroyo se ha preguntado por qué las administraciones no están facilitando una alternativa habitacional a las familias vulnerables, incumpliendo su propio decreto. «¿Por
qué se ha delegado esta obligación en los ciudadanos?», se cuestionó.
Desde la citada plataforma vinculan la crisis del mercado del alquiler y el aumento de los precios con la «falta de seguridad jurídica del propietario» y lamentan que muchas familias
vulnerables estén siendo «mantenidas por terceros muchas veces también vulnerables». Mencionó el caso de Juan Carlos, al que el operador telefónico ha amenazado con cortarle el móvil por no
pagar y ha tenido que pedir un micro préstamo de 100 euros para poder comprar pañales o leche. Presa de la desesperación, este propietario afectado ha asegurado que está dispuesto a
«quemarse a la bonzo en la plaza» de su pueblo.
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