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Varias sentencias judiciales ordenan a la Comunidad de Madrid el pago de algo más de 42 millones de euros a la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital de Villalba por intereses de demora y por

discrepancias en las liquidaciones de los servicios prestados a ... pacientes del Sistema Nacional de Salud en Madrid. Según se aprobó en el último consejo de Gobierno, se autoriza estos

gastos que proceden de sentencias judiciales. El primero son 6,3 millones de euros y corresponden a un fallo de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Madrid, que estima parcialmente el recurso interpuesto por la gestora de la Fundación Jiménez Díaz, y se refiere al pago de intereses compensatorios por el retraso en la aprobación de las

liquidaciones de los años 2015 y 2016, del convenio con el Servicio Madrileño de Salud. Hay un segundo acuerdo que da el visto bueno a un gasto de 17,8 millones de euros por la sentencia del

pasado mes de octubre, también del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por denuncia de la Fundación Jiménez Díaz sobre el pago de intereses compensatorios por el retraso en la

aprobación de las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 del mismo convenio. En tercer lugar, otro acuerdo reconoce un gasto de 5,1 millones de euros en una

tercera sentencia, de noviembre de 024, del mismo TSJM, y también por un recurso de la Fundación Jiménez Día, sobre la liquidación del ámbito de libre elección del ejercicio 2016. Un último

acuerdo aprueba un gasto de 14,5 millones de euros para ejecutar una sentencia de marzo de 2024 dictada por el TSJM, en este caso por un recurso interpuesto por la empresa IDCSalud Villalba,

que corresponde a la liquidación del ejercicio 2015 del contrato de gestión de servicios públicos, por concesión, de la asistencia sanitaria en el Hospital de Villalba. Según explicaron a

ABC fuentes de la Consejería de Sanidad, se trata de recursos por discrepancias en el resultado de las liquidaciones, y en algunos casos con intereses de demora. La fiscalización de estos

servicios, señala, es exhaustiva, y aunque en principio estarían ya al corriente, podrían volver a producirse discrepancias