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La delegación del Parlamento Europeo desplazada a España para comprobar por qué sigue siendo el único Estado miembro que no ha aprobado la reforma electoral pactada en 2018 ha terminado su

misión confirmando las expectativas: con la constatación de que el problema para implementar ... esa normativa comunitaria no es jurídico, sino «político». Eso ha dicho su presidente, el

eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Sven Simon, en una rueda de prensa en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados. «Con base a nuestras conversaciones, entendemos

que los desafíos para implementar la reforma electoral de la UE en España parecen ser de carácter político más que jurídico», ha dicho Simon, a la cabeza de la delegación enviada por la

Comisión para Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, tras dos días de reuniones con políticos, catedráticos, fundaciones, funcionarios y la Junta Electoral Central. El eurodiputado

alemán ha ofrecido una rueda de prensa este martes y en ella se lo ha visto especialmente molesto por el hecho de que los ministros, que alegaron razones de agenda, declinasen un encuentro

con la delegación, que tenía representación de distintas sensibilidades ideológicas. Formaban parte de ella, además del propio Simon, Adrián Vázquez, Loránt Vincze y Ana Miguel Pedro (PPE),

Juan Fernando López, Idoia Mendia y José Cepeda (S&D) y Juan Carlos Girauta (PfE). «La decisión de no transponer la ley electoral europea a la legislación española, a pesar del apoyo

previo del Gobierno en el Consejo Europeo, plantea interrogantes», ha expresado Simon en inglés, quien ha instado a los partidos con representación en las Cortes Generales a buscar un

acuerdo para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) e incorporar los cambios acordados en 2018, y suscritos por el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el seno de

la Unión Europea. El problema, y ahí se vislumbra el desafío «político» al que ha hecho alusión Simon, es que una de las cuestiones que plantea la reforma electoral europea es el

establecimiento de un porcentaje mínimo de voto para obtener representación de entre el dos y el cinco por ciento en los países con circunscripción única en las elecciones europeas, como es

el caso de España. Eso haría que las formaciones minoritarias, muchas de ellas aliadas del Gobierno de Sánchez, tuvieran serios problemas para alcanzar ese umbral. El PSOE justifica que la

reforma provocaría un descenso en la participación en las elecciones europeas entre los nacionalistas Fuentes socialistas lo justifican defendiendo que en el caso de España, aplicar tal cual

esa norma europea provocaría una disminución de la participación en los comicios comunitarios porque, de facto, dejaría sin opciones a los votantes nacionalistas. Desde el PSOE se propone

una suerte de excepción para que aquellas formaciones que solo se presentan en un territorio —algo que en las europeas, donde hay circunscripción única, no sucede en realidad— puedan optar a

representación si alcanzan un determinado porcentaje en sus regiones, obviando el mínimo nacional, que debería fijarse en entre un dos y un cinco por ciento de los votos en el conjunto del

país. Eso habría dejado sin representación a ERC, Bildu, BNG, Sumar, Podemos, Junts y PNV, socios del PSOE, pero también a la plataforma Se Acabó La Fiesta (SALF) del antisistema Alvise

Pérez, ahora investigado por financiación ilegal. Simon ha reconocido que, al contrario de lo que sucede con las directivas europeas, de obligado cumplimiento, en este caso no existe ningún

mecanismo legal para sancionar a España por incumplir la reforma electoral europea. No en vano, se trata de una norma que requiere de la aprobación de todos los Estados miembros. La Unión

Europea no puede hacer nada para que España la aplique, aunque se hubiese comprometido a ello previamente en 2018, pocos días después de aterrizar Sánchez en la Moncloa.