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02/06/2025 ACTUALIZADO A LAS 15:22H. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el domingo que le tiene sin cuidado que lo llamen «dictador», ante las críticas por recientes

detenciones de activistas de derechos humanos y acciones contra las oenegés. Bukele, que gobierna con poder casi absoluto tras ser reelegido con 85% de apoyo popular por su guerra contra las

pandillas, cumplió este 1 de junio su primer año del segundo mandato, marcado por su alianza con Donald Trump en la política antimigrantes y la ofensiva contra grupos de derechos humanos.

«Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles», aseguró, según recoge la agencia AFP, al referirse a su

popular guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia criminal en El Salvador. En un discurso en el Teatro Nacional, acusó a las oenegés de defender criminales y

hacer activismo político, al tiempo que fustigó a la prensa por sumarse a un «ataque organizado en marcha» con organismos internacionales. «Prefiero que me llamen dictador pero que los

salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados y contrario a las mentiras que ellos difunden

día y noche, tenemos más resultados que cualquier otro gobierno en toda nuestra historia», agregó. Bukele enfrenta una ola de críticas tras el arresto el 18 de mayo de Ruth López, abogada de

una ONG que investigaba supuestos casos de corrupción estatal y asistía a familias de más de 250 venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en El Salvador. «Dicen que

encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (...). No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político.

Trabajar en una oenegé ahora es sinónimo de impunidad», ironizó, sin mencionar nombres. La Fiscalía General acusó a López de haber cometido peculado cuando hace unos años fue asesora del

Tribunal Electoral, pero organizaciones internacionales, como Aministía Internacional o Human Rights Watch, lo consideran una estrategia para silenciar a los defensores de derechos humanos.

Organismos humanitarios denunciaron recientemente que el gobierno usa el RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE IMPUSO HACE MÁS DE TRES AÑOS en la guerra contra las pandillas para acallar y perseguir a

sus críticos. En mayo también fueron arrestados dos activistas que apoyaron una protesta de campesinos y en febrero el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios

(UNIDEHC), FIDEL ZAVALA, acusado de vínculos con pandillas. Zavala, que había sido liberado anteriormente tras un año encarcelado y que demostró su inocencia, fue detenido nuevamente tras

denunciar la represión y torturas en las cárceles de Bukele. El presidente defendió la Ley de Agentes Extranjeros, similar a la impuesta por Rusia y Nicaragua, que obliga a esas

organizaciones a inscribirse en un registro especial y a pagar un impuesto del 30% de los fondos que reciban. «Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de

derecho... suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en realidad solo se usan para mantenernos sometidos», agregó Bukele durante la sesión solemne de la Asamblea

Legislativa en el Teatro Nacional. Fortalecido por su alianza de mano dura con el presidente estadounidense, Bukele recibió y mantiene recluidos en su megacárcel para pandilleros a 252

venezolanos y 36 salvadoreños que Estados Unidos deportó al acusarlos, sin pruebas, de criminales. Este empresario de ascendencia palestina, publicista experto en mercadeo, de 43 años,

desplegó todo un aparato de producción para registrar y difundir por redes sociales el ingreso de los deportados con el cabello rapado y encadenados al Centro de Confinamiento del Terrorismo

(Cecot). Abogados de los migrantes venezolanos denunciaron, en entrevista con la AFP, que sus clientes son víctimas de «torturas físicas» y «morales». SIN SEPARACIÓN DE PODERES Señalado por

sus críticos de autócrata, Bukele controla el Congreso, la justicia, la fiscalía y el resto de instituciones estatales. Su reelección es cuestionada porque, pese a estar prohibida

constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines. «En este primer año del segundo mandato inconstitucional hay una escalada autoritaria. Es la consolidación de la dictadura»,

declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario. Reportar un error