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Entre las deficiencias encontradas, está la necesidad de modificar la manera en que funcionan y se coordinan las instituciones de seguridad y justicia como los cuerpos de policía y las

procuradurías para la persecución de los delitos _LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR (BCS)_. Según un estudio realizado por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO (CIDAC), a un año de su

entrada en vigor, todas las entidades del país están por debajo de la expectativa de avances en la implementación del NUEVO MODELO DE JUSTICIA PENAL; sin embargo, Baja California Sur se

destacó por ser uno de los estados de México que se encuentra en el fondo de esta medición. —que entre otros aspectos prevé los juicios orales—, a un año de su plena entrada en vigor, indicó

un estudio del CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO (CIDAC). El Nuevo Modelo de Justicia Penal, que entre otras cosas prevé la implementación de los juicios orales, en ámbitos

generales, no ha dado los resultados esperados en México, desde el pasado año 2016 que fue puesto en Marcha; sin embargo, según el estudio realizado, sí existen entidades más «adelantadas»

en el tema que otras. Guanajuato, Chihuahua y Baja California fueron las entidades que se posicionaron en los números más altos; en contraste y sin alcanzar el estándar que se esperaba,

Campeche, Baja California Sur y Guerrero, se encuentran como las entidades federativas de México que menos avances con la implementación del NUEVO MODELO han registrado. Cabe a destacar que

este estudio realizado por el CIDAC, contempla una serie de indicadores para poner en marcha la reforma penal aprobada desde 2008 y para la cual se dio un plazo de 8 años para la adaptación

de las instituciones, además, contempla un estándar ideal que refleja las condiciones en las que se debería aspirar que el sistema funcione a partir de su consolidación y mejora continua.

“Nunca vamos a llegar a ese ideal en términos de sistema, lo que sí buscamos es lo más cercano a ese ideal que nos daría un funcionamiento óptimo del sistema penal acusatorio en el tiempo”,

dijo la directora del Área de Justicia de CIDAC, MARÍA NOVOA, durante la presentación del informe. Entre las deficiencias encontradas, está la necesidad de modificar la manera en que

funcionan y se coordinan las instituciones de seguridad y justicia como los cuerpos de policía y las procuradurías para la persecución de los delitos, así como la falta de de capacitación y

de recursos materiales. El análisis estima que a nivel nacional tomaría más de 10 años superar estos rezagos para alcanzar los objetivos y beneficios del sistema de justicia penal oral

acusatorio: “En una década, con un plan, una estrategia y una visión clara de un proceso, podríamos tener un funcionamiento con las características que requerimos”, señaló Novoa. _Con

información de Expansión_