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El contrato encargado por el equipo de gobierno de José Antonio Diez para colocar 100 cámaras de lectura de matrículas con equipamiento listo para multar en la ciudad de León, dentro de la

denominada zona de bajas emisiones, cuenta ya con cinco empresas interesadas. Valoriza Servicios Medioambientales, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, Aeronaval de Construcciones

e Instalaciones, la UTE formada por Eysa y TIS, y Kapsch Trafficcon Transportation, la empresa que ya lleva toda la gestión de los semáforos, de los cuatro foto rojos y el radar, además de

los dispositivo de sanción en el casco histórico y Ordoño II, firman las ofertas para hacerse con el contrato del control de accesos, cifrado en 1.919.089,8 euros. La licitación se encuentra

a la espera de conocer la valoración de la propuesta técnica de cada una de las cinco empresas, en la que se reparten 30 puntos, y que dará paso a la apertura del sobre con la oferta

económica, con un 70% de la valoración total en disputa a partir de la más factura más baja de las presentadas. La suma de las puntuaciones dará como resultado el adjudicatario del contrato.

La ejecución debería de estar lista antes de final de año, de acuerdo a los dictados de concesión de la ayuda para afrontarlo otorgada por la UE, que aporta 5.581.020,00 euros, dentro del

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se complementarán con 1.994.951,00 euros por parte del consistorio para sumar los 7.575.971,00 euros del plan total, en el

que se incluye además otro contrato para la reurbanización de media docena de calles. La instalación permitirá poner en funcionamiento todo el sistema de la Zona de Bajas Emisiones que la

nueva Ley de Cambio Climático obliga a definir antes de enero de 2023. Dentro de este proyecto, el alcalde, José Antonio Diez, comprometió que «en principio» no habría restricción de entrada

de vehículos en función de sus antigüedad o catalogación contaminante, aunque a la hora de redactar los pliegos de condiciones ha incluido en el contrato que el adjudicatario tendrá que

colocar 100 cámaras cuyo «objetivo principal es la captación de matrículas, de forma que sea posible identificar y sancionar a aquellos vehículos que no cumplen con los requisitos de

acceso». Sobre estas guías han presentado sus ofertas las cinco empresas, que parten con un tipo de licitación máximo para esta parte del contrato de 383.288,33 euros, desagregados en

310.000 euros para los dispositivos, a razón de 3.100 euros cada uno, y 73.288,33 euros los «elementos para montaje», como «poste, anclaje, pica y cimentación. No aclara el informe dónde se

ubicarán de manera exacta, aunque el borrador de almendra central marcado por los técnicos la deja dentro de las lindes de Padre Isla hasta Julio del Campo, plaza de La Inmaculada, Roma,

avenida de la Facultad, Lancia, Independencia y Santo Domingo. Aunque, por encima de este núcleo básico, el plan avisa de que habrá un segundo anillo de control «de gran escala que se apoya

en viales de alta capacidad», en referencia a las rondas y grandes avenidas periféricas, y que abarca «el 25% de la superficie del término municipal y el 79% de su población».