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El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha archivado la causa abierta contra el fiscalista leonés Javier Gómez Fidalgo, al que acusaba de formar parte de las actuaciones fraudulentas

de Alberto Gómez Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, para el que sí pide la apertura de juicio oral. No obstante, la magistrada mantiene abierta la pieza separada que desgajó de esa

causa, referida a los negocios de González Amador con el grupo Quirón, y en la que el novio de la presidenta madrileña sí declaró el 10 de abril, defendiendo la legalidad de los mismos y

tratando de desvirtuar la tesis de la Fiscalía de que pagó una comisión encubierta de 499.836 euros. La esposa del principal responsable del Grupo Quirón es leonesa. En la causa principal,

abierta en marzo de 2024, el novio de la presidenta regional de Madrid no ha llegado a declarar, como tampoco hicieron los otros empresarios investigados. El procedimiento comenzó tras una

inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 y que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de González Amador

correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021. Este informe dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a que la jueza abriera causa contra él y otros cuatro empresarios

por presunto fraude fiscal de 350.951 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas. En esta causa declararon, además de las inspectoras de Hacienda que elaboraron el

informe inicial, el leonés Javier Gómez Fidalgo, que fue el abogado fiscalista que asesoró a González Amador una vez que Hacienda le abrió la inspección. El leonés, que a su vez es quien

alquila el ático en el que viven González Amador e Isabel Díaz Ayuso, rechazó tajantemente haber cooperado en los presuntos delitos y ahora la jueza archiva la causa contra él. La

vinculación leonesa con la trama se refería a la utilización de una empresa, Masterman, que la magistrada consideraba que fue utilizada como sustento legal para las operaciones presuntamente

ilegales tras su cambio de denominación. Anteriormente operaba con el nombre de Círculo de Belleza y tenía razón social leonesa. Las sospechas se iniciaron al comprobar que la facturación

apenas había alcanzado los 30.000 euros en el año anterior a la investigación, pero que fue vendida por cerca de medio millón de euros. El novio de Ayuso reconoció que tenía una relación

fluida con el abogado fiscalista leonés que le asesoró en la inspección tributaria y, como él tenía la sociedad patrimonial Babia Capital que estaba dedicada a comprar inmuebles, le ofreció

adquirir el ático a cambio de que él le pagase un alquiler con opción a compra. Pactaron los términos del alquiler, pero según su versión, no es cierto que se hayan realizado obras en el

interior del inmueble.