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La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer una fianza de responsabilidad civil de 59.000 euros para la religiosa Carmen Muñoz, que compareció ante la juez Alaya en calidad de imputada en el

caso de los ERE fraudulentos por su actividad empresarial antes de que entrara en el convento de clausura de las Jerónimas de Constantina. La anécdota de la jornada se produjo precisamente

durante la comparecencia de la religiosa, al producirse un corte de luz que afectó a todo el edificio de los juzgados de Sevilla, hecho que ocurrió sobre las 13:12, cuando tan sólo llevaba

cinco minutos la comparecencia de la religiosa. El suministro eléctrico se reanudó a los cuatro minutos, lo que no evitó que se produjeran algunos chascarrillos entre los abogados asistentes

a la declaración sobre una supuesta intervención "divina" en la interrupción de la luz con motivo de la declaración de la imputada novicia. La realidad no era otra de que la

instalación eléctrica del edificio no habría resistido el aumento de la demanda por la conexión de los numerosos aparatos de aire acondicionado de los distintos juzgados, al tratarse ayer de

un día en el que se esperaban las mayores temperaturas de todo el año. Alaya imputa a la religiosa que, como presidenta de la sociedad cooperativa Megara, obtuvo un compromiso de Francisco

Guerrero, en virtud del cual el 3 de marzo de 2006 el director general de Trabajo ordenó al bufete Estudios Jurídicos Villasís el abono a la cooperativa de 44.000 euros, que se realizó con

cargo a los "fondos públicos", de los procedentes de la Asociación Faja Pirítica, todo ello sin que la cooperativa presentara solicitud ni documentación justificativa, por lo que

Alaya le imputa delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El abogado Juan Carlos Alférez, que representa a la religiosa, precisó que su defendida se considera

"inocente, ajena por completo al objeto de la investigación" y confía "plenamente en la Justicia". Ante la juez comparecieron otros cinco imputados, entre ellos el ex

alcalde de El Real de la Jara José Antonio Méndez Sánchez, que también se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Alaya dice que el regidor se reunió en diversas ocasiones con el

entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y con el consejero de Empleo José Antonio Viera, y solicitó una ayuda junto a su esposa de 120.000 euros, aunque al final sólo

recibieron 50.000 euros.