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NO deja de tener su aquel que los jueces se declaren en huelga, nunca había ocurrido antes. Y hay que decir _los _y no _unos _porque todas las asociaciones profesionales, incluida la que

suele apoyar a los gobiernos socialistas, han dado su visto bueno a esa huelga que deja descolocados a quienes pensaban que los jueces estaban por encima de asuntos como huelgas y

manifestaciones. Muy mal deben estar las cosas como para que un colectivo como el de los jueces haya tomado esa decisión. Lo están, están verdaderamente mal. Nadie que tenga que vérselas con

la Justicia desconoce que trabajan en condiciones que llenan de estupor, impropias de un país que está obligado a garantizar una Justicia independiente, eficaz y profesional. Es difícil

considerarla verdaderamente independiente cuando su órgano más emblemático, el Consejo General del Poder Judicial, está formado por personas que eligen las fuerzas políticas, pero no es ese

asunto lo que incomoda actualmente a los jueces hasta el punto de anunciar una huelga: lo que ha provocado la situación actual, su malestar, su desazón, su rabia, es la imposibilidad de

trabajar como creen que deben ejercer su oficio. La falta de medios es absolutamente escandalosa, e incide directamente en la realización de un buen trabajo. Visitar un juzgado llena de

estupor. El amontonamiento de legajos y la falta de ordenadores y de personal se advierte al primer golpe de vista. Lo primero que viene a la cabeza es que así no se puede trabajar. Algunos

jueces merecen medalla, porque resulta increíble que puedan tomar resoluciones con los medios que disponen. Falta material informático, falta coordinación en red, falta personal con la

formación adecuada y falta un sistema que permita que un juez pueda tener acceso a la biografía delictiva de quien tiene delante. Luego llegan los lamentos cuando se retrasan sentencias o,

lo que es peor, no se tiene acceso a los datos que permitirían conocer de forma inmediata la situación de un acusado y por tanto no se toman medidas adecuadas para preservar a la sociedad de

las consecuencias de su puesta en libertad. Estos días se cumple el primer aniversario del asesinato de la niña Mari Luz. Independientemente de las posibles negligencias en las que haya

podido incurrir el juez Tirado, es evidente que una buena información en red del historial de Santiago del Valle, con todos los signos de alarma que permite la informática a la hora de

teclear su nombre, habría impedido que el juez se tomara a título de inventario la comprobación de la orden de ingreso en prisión. Y lo grave es que no estamos ante un único caso de

consecuencias trágicas e irreversibles. Cuesta respaldar una huelga de jueces, es como si se tambaleara la imagen de uno de los pilares del Estado. Pero hay situaciones en las que ya no

quedan muchas más salidas cuando todas las quejas, argumentos, solicitudes, reflexiones, exigencias y consideraciones no han sido tomadas en cuenta.