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Domingo, 14 de febrero 2021, 00:37 Comenta Compartir La generación que nació fruto de la burbuja de 2008 está viendo cómo su país le carga cada año de su vida más deuda con la que tendrán

que hacer frente el resto de sus vidas. Quienes ahora tienen 13 años o menos no se percatan de esta realidad. Tampoco sus progenitores, porque la realidad es que el Estado incrementa sus

compromisos con bancos, inversores y, sobre todo, el Banco Central Europeo (BCE) en forma de deuda. Lo hacen para afrontar los gastos extraordinarios del coronavirus. España debe 1,3

billones de euros, mucho más de la riqueza que produce en un solo año. Esa factura no ha parado de aumentar en los últimos meses como una lógica respuesta a la pandemia. El problema es que

no hay visos de que la Administración quiera lidiar con esa deuda. No ya ahora, cuando es necesaria la protección social. Tampoco se abordó en los años de recuperación tras la anterior

crisis. Como ese importe sube como la espuma en todos los Estados de la Unión Europea –también en otras grandes áreas, como Estados Unidos y Japón–, un grupo de economistas y políticos han

planteado la posibilidad de que el BCE perdone la deuda que tiene de los países de la zona euro. Porque buena parte de ese dinero prestado procede de la institución monetaria, que lleva

regando ocho años con miles de millones de euros las economías, primero para fomentar la recuperación y ahora para hacer frente al coronavirus. En el caso de España, son más de 385.000

millones de euros, que se deben al BCE. Entre los firmantes de ese manifiesto se encuentran el economista Thomas Piketti; el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; o la

presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Su fórmula consiste en condonar para que cada Gobierno disponga de margen para invertir en la recuperación. La propuesta suena parecida a la que ya

hizo el entonces ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, en 2015, cuando insistió en que su país no podía salir adelante sin una quita. Entonces, el político heleno se encontró con

las puertas cerradas del propio BCE, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI): los 'hombres de negro', la troika. Las instituciones se han apresurado a

descartar esa posibilidad. Y en el fondo subyace la idea de que habrá que convivir con esa ingente masa de deuda durante años, muchos años. Economistas como Santiago Carbó, catedrático de la

Universidad de Granada, ven esa realidad de forma pragmática: «Vamos a vivir en un contexto de muchos años de deuda», afirma. «Y esa es una decisión que tomamos los europeos hace años

porque nunca ha sido prioridad de los gobernantes reducir la deuda», puntualiza. En el subconsciente se encuentran los múltiples llamamientos de todos los Gobiernos para tratar de reducir la

deuda pública, aunque al final de cada mandato ese importe se había incrementado sin parar. Ahora, con la crisis, más todavía. LOS INTERESES, MUY BAJOS Carbó considera que aunque ahora la

deuda no es un problema –el BCE ofrece respaldo y los tipos de interés del bono a diez años están en el 0,1%–, en realidad economías como la española «son un velero que les irá en el futuro

según les venga el viento» de esos intereses. El precio que paga el Tesoro por esa deuda se encuentra aletargado y, mientras siga así, no hay mayor inconveniente para las finanzas. «Lo

importante, más allá de la deuda, son los gastos financieros y como son mínimos, no hay penalización», sostiene Javier Díaz Giménez, profesor de IESE. ¿Qué ocurrirá si algún día comienzan a

subir esos intereses que los inversores le exigen a España? «Estaremos muertos», sentencia. Francisco Alcalá, investigador del IVIE y 'research fellow at CEPR', apunta que «sería

irresponsable cerrar los ojos frente al hecho de que la covid-19 está llevando el endeudamiento de algunos países como España a niveles muy próximos a lo insostenible». Los expertos

consultados apuntan que solo hay dos caminos para reducir deuda:o que la economía crezca y, por tanto, va disminuyendo el porcentaje de la deuda sobre el PIB y se hace más sostenible;o

reduciendo el déficit público. El problema, aclara Santiago Carbó, es que España «no tiene un modelo para mejorar el PIB ni los políticos tienen ganas de hacer reformas que son

imprescindibles». Aunque la Comisión Europea ya ha advertido de que los fondos de recuperación solo llegarán si el Gobierno aplica los cambios normativos «acordes a la política comunitaria»:

laboral y pensiones. Lo que buena parte de los economistas tienen claro es que la austeridad ha pasado página por ahora en el área del euro. Las reglas del Tratado de Maastricht fijaban una

deuda máxima del 60% del PIB. España superó esa barrera en la anterior crisis. Se aproximó al 100% hasta el año pasado, con altibajos. Y ya mira a otra barrera, la del 120%. CAMBIOS, SIN

ESTRIDENCIAS Esa nueva mentalidad con respecto a la anterior recesión no tiene por qué derivar en la condonación de deuda que pedía el artículo de numerosos economistas y conocidos políticos

hace unos días. Francisco Alcalá, del IVIE, sostiene que si bien «la cancelación de la deuda que mantiene el BCE no es una buena solución, no podemos permitirnos, ni ahora ni en los

próximos años, un recorte de gasto social o de las inversiones necesarias para adaptarnos a las grandes disrupciones tecnológicas y medioambientales que se van a materializar» en el futuro.

También Mikel Larreina, profesor de finanzas de Deusto Business School, considera que todas las limitaciones están encaminadas ahora a «ser reformuladas». «Nos debemos buena parte de la

deuda a nosotros mismos, y en nuestra propia divisa, el euro», aclara. Larreina considera que «se pueden arbitrar solucinoes que respeten los tratados» pero que hagan frente a la nueva

realidad en la que estamos. Por ejemplo, una labor política fiscal para que el BCE «actúe contra los paraísos fiscales» a través de su supervisión bancaria. «Tendría un impacto claramente

positivo para que los Estados pudieran invertir» a medio plazo. Sin embargo, aplicar una quita ya serían palabras mayores, a juicio de todo el sector financiero y los propios resposnables

comunitarios así como del BCE. Esa solución implicaría que el banco central tendría que apuntarse una pérdida;lo que en términos bancarios se denomina un crédito 'fallido'.

Disminuiría el propio capital del BCE, que tendría que ser repuesto a la vez por los Estados —a los que les acaba de perdonar– para recapitalizarse. Un círculo vicioso que nadie contempla, a

la espera de que remita la crisis y la deuda pueda comenzar a caer mientras las futuras generaciones se preparen para recibir esta herencia. Más información Comenta Reporta un error