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El vicepresidente de Guatemala, _Guillermo Castillo_, pidió este viernes al presidente, _Alejandro Giammattei_, renunciar ambos en conjunto con el fin de poder “oxigenar” a la nación

centroamericana porque “las cosas en el país no están bien”. Castillo dijo que en caso de que acepte Giammattei, deberán ser “nuevas personas las que vengan a tomar las decisiones más

importantes”, con el apoyo de la iglesia católica y la evangélica, para presentar al Congreso a un grupo de notables que podría ocupar los lugares que quedarían vacantes, de acuerdo a la

propuesta hipotética del vicepresidente menos de un año después de asumir el poder. La declaración de Castillo en rueda de prensa se desató luego de una oleada de protestas en redes sociales

en contra de la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2021 avalado por Giammattei, y criticado por sumar endeudamiento y por haber sido aprobado de forma opaca y sin

discusión en el Congreso durante la madrugada del pasado miércoles. PUEDE LEER: EN JAQUE LIBERTAD DE PRENSA EN GUATEMALA RÉCORD DE AGRESIONES Asimismo, el país registró 844 casos de

agresiones contra defensores de derechos humanos entre enero y setiembre pasados, una cifra histórica en esta nación centroamericana. “Esta cifra representa un aumento histórico de 24 casos

más que lo registrado en todo 2014, y 350 casos más que las agresiones documentadas en 2019”, informó en un comunicado la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala

(Udefegua). El organismo precisó que 14 de las agresiones de este año corresponden a asesinatos, cuatro de cuyas víctimas fueron mujeres, y 22 intentos de asesinato. Además, registró 86

denuncias judiciales sin fundamento, así como 15 detenciones arbitrarias e ilegales, lo que corresponde a intentos de criminalizar a los defensores de derechos humanos. CONOZCA MÁS:

GUATEMALA TUMBA MISIÓN ANTICORRUPCIÓN DE LA ONU Y DA 24 HORAS PARA QUE ABANDONEN EL PAÍS “En un contexto de pandemia (por la covid-19), en donde las personas se encontraban recluidas en sus

domicilios por largos períodos de tiempo, las personas defensoras siguieron siendo blanco de ataques, incluso mortales”, comentó Jorge Santos, coordinador general de la organización. Aseguró

que esas cifras representan “un patrón de comportamiento que es gravísimo”, y por ello pidió medidas urgentes para resguardar a los defensores. “La criminalización es un fenómeno que nos

preocupa por cuanto implica que el Estado, en vez de garantizar que estas personas puedan ejercer su rol libre de violencia, está imponiendo una lógica represiva y un uso selectivo de su

sistema penal”, puntualizó.