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  El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que en la actualidad las demandas colectivas, como las que proliferan últimamente en relación con reclamaciones por aplicación de

clausulas suelo a hipotecas, la salida a bolsa de una entidad financiera o la compra de acciones preferentes, no están adecuadamente reguladas, y apuesta por abordar su regulación durante la

próxima legislatura.    «Hemos conocido en los últimos tiempos una multiplicidad de demandas de ámbito  civil, o penal, más bien civil, y no tenemos en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil,

una manera de encauzarlas adecuadamente», ha reconocido Catalá en una entrevista concedida a Europa Press.    El ministro cree que este asunto podría abordarse con el objetivo de

«simplificar esos miles de asuntos que van cayendo por juzgados de todas partes y que generan mucha carga de trabajo, y que se podrían acumular fácilmente para obtener una simplificación y

una mejor atención de las demandas de los ciudadanos». DE NUEVO, EL FISCAL INSTRUCTOR.    Además, el Partido Popular incluirá en su programa para la próxima legislatura la atribución al

fiscal de la instrucción de los delitos, un cambio de modelo que según el titular de Justicia quedó pendiente en el calendario de reformas que ha llevado a cabo su departamento, que está

«extendido en toda Europa» y al que «se debería caminar» en una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).    «Se trata de una reforma tan estructural, tan profunda, que

no puede hacerse en el último minuto de la legislatura, pues requeriría cambios en el Estatuto Fiscal, dotaciones de plantilla en la Fiscalía la creación del juez de garantías, y todas estas

medidas lo hacen más un proyecto de principio de legislatura que plantearemos en nuestro programa», ha afirmado.    La creación del fiscal instructor se incluiría, según ha manifestado el

ministro, en el grupo de medidas reformistas que han quedado pendientes, junto con la organización territorial de la Justicia, ya que la eliminación de los partidos judiciales se aparcó por

las tensiones que generó en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas. Además descarta como prioridad la reforma de la Ley del Indulto.    El diseño de proyecto para la legislatura era

muy ambicioso», ha señalado el Ministro, que realiza un «balance moderadamente satisfactorio» del resultado al considerar que su Ministerio ha sido capaz de «sacar adelante lar reformas

necesarias para reformar, agilizar la justicia, mejorar su organización y lograr que sea más cercana al ciudadano».    No obstante reconoce que «quedan muchas cosas por hacer» puesto que

muchas de los cambios han visto «limitado su ámbito» debido a que parte de las propuestas no generaban el consenso suficiente. En este punto ha situado Catalá la reforma de la Ley Orgánica

del Poder Judicial (LOPJ), que en un principio planteó la posibilidad de modificar la planta judicial.    «Ello generó tensiones importantes con los ayuntamientos y las comunidades

autónomas, por lo que entendimos que el debate quizá no estaba maduro suficientemente y sacamos dicho contenido -ha explicado el ministro- La organización  territorial de la Justicia queda

para la próxima legislatura». REGISTROS CIVILES    Otro asunto pendiente es el de la gestión de los registros públicos, y en este punto Catalá reconoce que aún no han definido si éstos van a

ser finalmente desjudicializados tal y como se planteó en 2011 o se buscarán otras fórmulas.    El ministro reconoce que este asunto le generó cierta «frustración» ya que tuvo que abandonar

el enfoque inicial, consistente en la creación de una corporación de derecho público integrada por los registradores mercantiles.    «Pensamos que todos los registradores podrían dar ese

servicio con un buen soporte de tecnologías, un servicio gratuito telemático y accesible, pero llegó Semana Santa y seguíamos muy enquistados con el debate con los sindicatos y los partidos

políticos y decidimos darnos un tiempo para reflexionar», ha explicado.    Por ello, el titular de Justicia que ahora mismo está abierto a todo tipo de propuestas, que podrían ir desde dejar

que el registro siga como hasta ahora a que la gestión la lleven, por ejemplo los ayuntamientos.    «Las alternativas son varias, tenemos grupos de reflexión valorando las ventajas y los

inconvenientes y yo confío que tanto en el ámbito profesional de los sindicatos del entorno de las justicia como desde los partidos políticos se aporten ideas a este debate y podamos desde

el inicio de la legislatura próxima identificar el modelo compartido y trabajar en él», ha señalado.    En todo caso, Catalá destaca que «lo cierto es que en los registros necesitan una

actualización», pues los tiempos para algunos procesos siguen siendo muy largos». Además, considera que los jueces «deberían dedicarse a juzgar y a ejecutar  lo juzgado, y no a llevar un

registro administrativo».    Preguntado si la solución sería crear un cuerpo específico de funcionarios para los registros, el ministro de Justicia ha señalado que no descarta ninguna

alternativa si bien considera que la Administración tiene «niveles administrativos suficientes para aprovechar lo que ya existe». INDULTO NO ES PRIORIDAD    Por otra parte Catalá ha afirmado

a Europa Press que la reforma del indulto no es una prioridad para la próxima legislatura porque ya se está haciendo de ella «un uso limitadísimo».    «Se están excluyendo indultos de

delitos que tienen que ver con la corrupción, contra la Hacienda Pública, la seguridad vial, la violencia de genero o contra los menores -ha especificado-. Y se están concediendo menos de un

uno por ciento de los que se solicitan».     De actuar, «la reforma en todo caso iría por ahí, por acotar los supuestos para ser más transparente el ejercicio discrecional y que éste sea

más reglado», ha señalado Catalá. «Consistiría en llevar a la Ley lo que es una práctica administrativa en estos momentos, pero haríamos nada nuevo a lo que ya hacemos y prefiero dedicar

esfuerzos a que las leyes sean innovadoras».