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El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado un primer paso relevante en el litigio iniciado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la remodelación

de la estación de trenes impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Y es admitir a trámite el recurso que se presentó a comienzos de este mes. La Audiencia Nacional

debe ahora reclamar el expediente del proyecto a Adif, encargada de su desarrollo, una vez las partes han sido notificadas de su admisión a trámite, según han informado fuentes municipales a

este periódico. A partir de ese momento, se dará inicio al proceso judicial que tratará de dilucidar si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encabezado por el exalcalde de

la ciudad Óscar Puente, habría incurrido en alguna "ilegalidad" a la hora de tramitar el proyecto de remodelación de la estación, según denunciaba el Consistorio vallisoletano. Una

batalla judicial que se enmarca dentro del particular asalto que mantienen ambas Administraciones públicas en favor y en contra del soterramiento. Y es que, según los informes de los

ingenieros de Adif, tal y como está planteada la remodelación de la estación de trenes Valladolid Campo Grande, el resultado podría impedir un futuro soterramiento de las vías, tan anhelado

por el actual equipo de Gobierno. Mientras tanto, las obras están previsto que comiencen en octubre de este año siempre y cuando el tribunal no resuelva antes el recurso. No obstante, cabe

resaltar que el Ayuntamiento de Valladolid, según informaba a finales del mes de abril, no habría solicitado medidas cautelares para paralizar las mismas, por lo que todo quedaría en manos

de la finalización del proceso. Precisamente, este jueves se conocía que el proceso de adjudicación de las obras encarrilaba su final y cuyos beneficiarios sería un consorcio de empresas

lideradas por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a través de su empresa Actividades de Construcción y Servicios (ACS), mediante Vías y Construcciones, junto a Ferrovial y la

vallisoletana Zarzuela. En su recurso, el Ayuntamiento de Valladolid alegaba que las obras de remodelación de la estación de trenes trascienden a lo meramente ferroviario y que, además, a

pesar de tener repercusión municipal ni tan siquiera habían sido notificados por parte del Ministerio y, por ende, tampoco han recibido el expediente. Era la Junta de Gobierno Local del

pasado 29 de abril cuando se daba luz verde a la interposición de un recurso-administrativo contra la remodelación. En su momento, desde el Consistorio recordaban que se habían dirigido a

Adif en varias ocasiones para ser notificados "fehacientemente" de la aprobación del proyecto, sin que esto finalmente sucediera. Bajo esta premisa, los servicios jurídicos

municipales consideran que la actuación de Adif "constituye una omisión de las exigencias que la propia Ley del Sector Ferroviario requiere para una actuación similar". Asimismo,

resaltaban un "desconocimiento consciente de las competencias y facultades municipales urbanísticas, que afectan a un elemento tan significativo como es el entorno de Campo

Grande". De igual manera, denunciaban que las previsibles obras no tienen en cuenta "las secuelas para la movilidad urbana". Es aquí donde entra uno de los principales

argumentos del Ayuntamiento, al entender que la ley exige un plan especial de ordenación de la zona de servicio ferroviario cuando "como en este caso no solo se van a ejecutar

infraestructuras ferroviarias". Así, creen que con la simple lectura de la memoria del proyecto se describen actuaciones como las oficinas con acceso independiente desde la pasarela de

acceso y con salida directa a la calle, la pasarela de acceso a la estación con su propia volumetría, locales comerciales dentro de la estación o un aparcamiento subterráneo en cuatro

niveles con 605 plazas. En este sentido, explicaban entonces que todas estas actuaciones no pueden ser consideradas bajo el concepto de 'infraestructuras ferroviarias', siendo

"verdaderas actuaciones edificatorias y de implantación de usos comerciales o de equipamientos". Una circunstancia, según argumentan, requiere de la previa aprobación del plan

especial de ordenación de la zona de servicio ferroviario, ante una "intervención física y edificatoria en la ciudad, al margen de cualquier planeamiento y basado solo en la inmediata

aplicación del art. 7 de la LSF, lo que no se ajusta a derecho".