Granada tiene 18,4 millones en multas pendientes de prescribir en los próximos tres años | ideal

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Más de 18,4 millones en sanciones de tráfico a titulares empadronados fuera de la capital nazarí prescribirán en los próximos tres años si el ... Ayuntamiento de Granada y la Diputación


Provincial no aceleran los trámites para cobrar los expedientes pendientes. Es lo que se desprende de los últimos datos aportados por la Agencia Municipal Tributaria sobre el estado del


convenio firmado entre ambas administraciones para la gestión de multas. De acuerdo a la documentación entregada a los grupos municipales en la reunión celebrada el miércoles de la semana


pasada, a la que ha tenido acceso este periódico, casi 200.000 expedientes de sanción se encuentran ya bajo la amenaza de prescripción. Solo las que caducan en 2024, que son las tienen un


mayor grado de urgencia, alcanzan un total de 39.552 multas que suman un importe de 3.773.444 euros. Hay una mayor proporción de multas que prescriben en 2025 y 2026. De las del primer


ejercicio, hay pendientes de cobro 74.043 sanciones por valor de 6.924.439 euros. Del segundo, unas 84.869 que suman un total de 7.729.464 euros. Así, el montante de los expedientes


pendientes se queda cerca de los 20 millones de euros, una cifra mayor que la recibida por el Consistorio para llevar a cabo las reformas del Plan Alhambra o que equivale a la mitad de todos


los fondos europeos recibidos por el Ayuntamiento en el último año. La documentación aclara que las actuaciones que conducen al cobro de las deudas «se realizan de forma constante y


periódica», lo que implica finalmente «el pago de la deuda o bien la interrupción de la posible prescripción». Como prueba, refiere que los expedientes gestionados desde marzo de 2019,


cuando se aprobó el convenio entre ambas instituciones, superan los 85.000 entre los cobrados y los descargados, que apenas superan el millar. Sin embargo, en ese mismo periodo, se cargaron


en el sistema 335.620 sanciones de tráfico, lo que revela que apenas uno de cada cuatro están siendo tramitadas de alguna forma. Para que la capital nazarí pudiera cobrar todas las sanciones


que están bajo amenaza de caducar en los próximos años, los órganos de recaudación del Ayuntamiento y de la Diputación deberían tramitar alrededor de 66.154 expedientes al año. Sin embargo,


en el año en que más se gestionaron, 2021, apenas se superaron los 36.000. UN SERVICIO EN EL PUNTO DE MIRA El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Diputación se aprobó en marzo de 2019 con la


esperanza de poner remedio a uno de los problemas más acuciantes de la capital, la falta de recursos suficiente para lograr una óptima recaudación de las sanciones de tráfico. Con un área


mermada desde hacía más de un lustro por el plan de ajuste, que imposibilitaba la reposición de las vacantes generadas por jubilación, el Consistorio se apoyó en el ente provincial para


mejorar el cobro de aquellas multas impuestas a titulares empadronados fuera de la ciudad de Granada. A cambio, la administración se reservaba el 25% de lo logrado por los costes del


servicio, algo que fue motivo de crítica para buena parte de los grupos que componían la corporación municipal en aquel mandato. Así, desde la firma, el convenio ha permitido desbloquear


10.128.253 euros, de los que 7.649.452 euros son los que finalmente han llegado a las arcas municipales. El ejercicio más exitoso en el cobro de lo adeudado fue 2021, cuando se cobraron


35.784 sanciones que supusieron unos ingresos para el Ayuntamiento de 3.276.239 euros. El año pasado, sin embargo, la tramitación de expedientes decayó en cerca de 10.000 multas, por lo que


los ingresos apenas superaron un montante de dos millones de euros para la capital nazarí. El año pasado, en un informe de fiscalización de ingresos, el interventor municipal analizó el


funcionamiento del convenio y reconoció que se estaba desarrollando suficientemente. Sin embargo, reprochó que no se ampliara tal y como propuso en un anterior informe. En este sentido,


expresó el juicio de que la medida «permitiría al Ayuntamiento obtener una mayor recaudación al extenderlo a todos los ingresos de derecho público ya que se tendrían mayores oportunidades de


cobro».