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Ahora te lo impido, ahora te lo permito. Los diferentes estamentos judiciales de Estados Unidos agudizan con sus decisiones, a menudo contradictorias, la incertidumbre a ... la que un

presidente tan impredecible como Donald Trump ha abocado al país. Sucede con los aranceles, y ahora también en materia migratoria. Mientras algunos jueces tratan de impedir -e incluso

revocar- las deportaciones masivas ordenadas por Washington, este viernes el Tribunal Supremo permitió la cancelación temporal del estatus legal de unos 532.000 extranjeros. Esta decisión

revierte otra de un juez federal que impedía a Trump acabar con el programa diseñado por su antecesor, Joe Biden, para permitir a quienes salían de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela residir

y trabajar de forma temporal en la superpotencia americana. Es la segunda vez que el Tribunal Supremo da luz verde a los planes del presidente después de autorizarle, hace dos semanas, a

acabar con otro programa que protegía a unos 350.000 ciudadanos venezolanos. La decisión se tomó con el voto negativo de dos juezas progresistas, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor.

Esta última afirmó que «subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente las vidas y la subsistencia de medio millón de no ciudadanos mientras

sus demandas legales siguen pendientes de resolución». Además, Sotomayor incidió en el peligro que estos pueden afrontar a su regreso. Por su parte, Jackson criticó que el Supremo

«aparentemente ha determinado que la balanza de equidad favorece al Gobierno y que es de interés público que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de

que los tribunales decidan sobre sus reclamaciones legales». La sentencia no es definitiva porque todavía se tiene que dirimir el caso en una Corte de Apelaciones, pero sí permite a

Washington iniciar la deportación exprés de los inmigrantes amparados por el programa de Biden, basado en legislación de la década de 1950 que permite al Ejecutivo otorgar la residencia a

ciertos migrantes en base a razones humanitarias. «TRASTOCA LAS VIDAS Y LA SUBSISTENCIA DE MEDIO MILLÓN DE NO CIUDADANOS» Sonia Sotomayor Jueza «CELEBRAMOS LA POSIBILIDAD DE EXPULSAR A

500.000 INVASORES» Stephen Miller Subjefe del Gobierno de EE UU Trump exigió el fin de esos programas en una de las órdenes ejecutivas que firmó durante su primer día en el cargo, el pasado

20 de enero. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional decidió ejecutar el decreto, en marzo, y el Gobierno afirmó que revocar esos permisos facilitaría la inclusión de migrantes

en un proceso de deportación acelerada. Así, no es de extrañar que este viernes la Casa Blanca aplaudiese la decisión del Supremo. «Celebramos la posibilidad de expulsar a 500.000

invasores», afirmó Stephen Miller, subjefe del gabinete de Trump. CONSECUENCIAS FUTURAS Desde el otro bando, la reacción fue la opuesta: de indignación. «Una vez más, la Administración Trump

demuestra descaradamente su desprecio por la vida de quienes realmente necesitan protección al retirarles su estatus migratorio y convertirlos en indocumentados. Ya hemos visto el impacto

traumático en niños y familias que temen incluso ir a la escuela, la iglesia o el trabajo», denunció Guerline Jozef, responsable de Haitian Bridge Alliance, una de las organizaciones que

habían demandado al Ejecutivo de EE UU. Por si fuese poco, el dictamen de este viernes puede tener consecuencias en otros casos. «Es probable que aumente la ya de por sí gran relevancia de

otro caso que la Administración Trump ha presentado de urgencia y que está pendiente del Tribunal Supremo. En ese caso, Trump solicita a los jueces que permitan al Gobierno expulsar a

migrantes a Estados que no son su país de origen sin brindarles una oportunidad real de impugnar su expulsión», analizó el profesor de la Universidad de Georgetown Steve Vladeck en

declaraciones a la cadena CNN. En ese contencioso, el Supremo no ha sido aliado del presidente: intervino en abril para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos

considerados miembros de la banda del Tren de Aragua a una prisión de El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798. La Administración recurrió de nuevo al máximo tribunal

para poder deportar a otro grupo recluido en Texas y en mayo los magistrados bloquearon sus planes porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión. Pero el

Ejecutivo no se da por vencido y ha vuelto a recurrir al Supremo, esta vez para que le facilite enviar a migrantes a Sudán del Sur o a países de donde no son originarios. Esa será la próxima

batalla judicial.