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La Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Barcelona abordará finalmente todos los temas planteados por las CCAA presididas por el PP, entre ... los que se incluye la

reforma de la financiación y la situación de las cuentas autonómicas. El Gobierno valenciano, que este mismo martes insistía en la necesidad de cumplir lo que dice el reglamento de este

órgano que reúne a los presidentes autonómicos con el del Gobierno, y que permite a una mayoría de CCAA proponer los asuntos a abordar, sospecha que Sánchez se reserva para ese día el

anuncio del desbloqueo del extra FLA, es decir, la llegada de los recursos necesarios que evitarían el colapso de las cuentas autonómicas por no poder pagar a sus proveedores. El extra FLA

para pagar el exceso de déficit se cayó el pasado mes de diciembre del acuerdo de la comisión delegada de asuntos económicos del ministerio de Hacienda. Desde entonces, el Gobierno

valenciano ha venido alertando de las consecuencias de esa medida, y de que llegado el mes de julio, cuando se remite a las CCAA el 75% de ese fondo, la Generalitat no podría pagar a sus

proveedores. Ese 75%, según concretó la consellera Ruth Merino la semana pasada, asciende a unos 1.900 millones de euros. El Consell nunca ha acabado de creer que el Gobierno de Sánchez

fuera capaz de dejar a las CCAA sin esos recursos que, en la práctica, derivarían en una situación financiera insostenible. De hecho, la deuda comercial de la Comunitat al cierre de marzo ya

se situaba en 1.455 millones de euros. Por ese motivo, el Gobierno valenciano sospecha que Sánchez se reserva para la Conferencia de Presidentes el anuncio del desbloqueo del extra FLA, es

decir, que ese fondo también se utilizará para cubrir los excesos de déficit del ejercicio anterior. El de la Comunitat Valenciana rozó los 2.500 millones de euros. Según esa versión, el

presidente del Gobierno se apuntaría el tanto de aparecer como el salvador de las cuentas autonómicas, a pesar de no impulsar la reforma de la financiación, no aprobar un fondo de

nivelación, no actualizar las entregas a cuenta, no reasignar los fondos europeos para la dana y negar los recursos a fondo perdido para atender los gastos de la dana. Y además, de no haber

querido aclarar hasta ahora que ocurriría con esa fórmula para financiar la deuda comercial con los proveedores. Ni al Gobierno valenciano, al que se le ha venido remitiendo a la negativa de

las comunidades presididas por el PP a sacar adelante la senda de estabilidad, ni al presidente de los empresarios valencianos, Salva Navarro, al que la vicepresidenta y ministra de

Hacienda, María Jesús Montero, no ha llegado siquiera a contestar a la carta que le remitió en enero y en la que le advertía de la situación límite que generaría el bloqueo del extra FL.A La

administración valenciana asume que la llegada de ese dinero, si finalmente se produce, será un visto y no visto, porque de inmediato se destinará a abordar esas deudas que ya se mantienen

con los proveedores. Eso sí, en todo caso esa medida permitirá evitar una situación que dejaría sin servicios públicos básicos a los valencianos. Porque lo que está en juego, como ha veni0do

explicando el Gobierno valenciano, son gastos relacionados con la sanidad, con la educación y con los servicios sociales. Sin esos recursos, se ha venido advirtiendo, el riesgo de colapso

es más que real. El ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero alegó hace pocas semanas que el extra FLA permanecía bloqueado a falta de un informe de la Intervención General del

Estado (IGAE) sobre los déficits acumulados por las CCAA en el ejercicio 2024. Las fuentes consultadas por este diario no han podido confirmar si ese informe ha pasado este martes por la

mesa del consejo de ministros. ENTREGAS A CUENTA La misma fuente señaló que, en contra de los sostenido por la administración autonómica, «el perjuicio principal para las CCAA ha sido la

negativa del PP a actualizar las entregas a cuenta (de la financiación autonómica). La Comunidad Valenciana habría recibido 814 millones si el PP no hubiera tumbado el RDL en enero». El RDL

es el Real Decreto Ley «ómnibus» en el que el Gobierno incluyó varios asuntos, y que el PP rechazó por esta en contra de algunos de ellos, como el traspaso al PNV de la sede del Instituto

Cervantes en París. Las fuentes del Gobierno valenciano consultadas por este diario remarcan además que el Ejecutivo central podría aprobar la actualización de las entregas a cuenta –están

en vigor las de 2023- en el momento que quisiera. Y que si no lo hacía era por mero interés político. El debate este viernes sobre financiación se producirá como consecuencia de la presión

ejercida por las CCAA presididas por el PP. La propuesta inicial del Gobierno como asuntos a abordar en esa Conferencia de Presidentes se limitaban al debate sobre la vivienda y al de la

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