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Representantes del Ejecutivo central han reconocido este jueves ante el Tribunal Supremo que «todavía no ha podido evaluar individualmente» a ninguno de los menores migrantes ... no

acompañados que pidieron asilo en Canarias desde que los jueces lo impusieron como medida cautelar hace dos meses. Los cinco representantes del Gobierno que han comparecido ante el tribunal

también han admitido que «no se ha realizado todavía ninguna medida de acogida». El 25 de marzo, la sala tercera del Supremo emitió un auto de medidas cautelares en el que descargaban en el

Estado la responsabilidad de hacerse cargo de unos mil menores solicitantes de asilo, para lo que concedían al Ejecutivo un plazo de diez días. Pero al sospechar que no se estaba tomando

ninguna medida, decidieron convocar una vista, que se ha celebrado este jueves. En su comparecencia, los cargos de los ministerios del Interior y de Migraciones han justificado la ausencia

de evaluaciones en la «falta de documentación» de los solicitantes y han anunciado «medidas concretas», como «asegurar» plazas a los menores en Canarias gracias al traslado de los mayores de

edad que ahora las ocupan y la apertura de 150 plazas adicionales. Sin embargo, la postura del Gobierno ha recibido el rechazo tanto de los jueces como del Gobierno de Canarias, que también

estaba presente en la vista. El magistrado del Tribunal Supremo Carlos Lesmes preguntó a los representantes del Gobierno: «¿No tienen derecho a protección internacional los menores no

acompañados?». Lesmes ha recordado a los representantes del Gobierno que la legislación estatal obliga a la administración central a hacerse cargo de todo lo que es atención no asistencial,

lo que incluye la solicitud de protección internacional y la garantía de que los menores reciben los derechos asociados al estatuto de refugiados. A la vez, el Gobierno de Canarias ha

acusado al Ejecutivo de «dilatar» la atención de los migrantes y de presentar el miércoles a última hora el protocolo (las «medidas concretas»), que además, no entrará en vigor hasta el 30

de septiembre. «Hay que ejecutar el auto» del alto tribunal, ha exigido Canarias, que ha acusado al Gobierno de no querer cumplir una iniciativa que por su carácter cautelar tenía que haber

sido urgente.