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Más perfil político y mucho menos técnico como respuesta a la tormenta que vive el Ministerio del Interior a cuenta de los ataques a la ... Unidad Central Operativa (UCO) y la operación de

la supuesta fontanera de Ferraz para tratar de dinamitar el trabajo de la Guardia Civil en los sumarios más delicados para el PSOE. Fernando Grande-Marlaska ha nombrado a una socialista con

pedigrí pero sin ninguna formación jurídica ni en la Administración como su número dos después de que este martes Rafael Pérez decidiera presentar su renuncia, largamente larvada, como

secretario de Estado de Seguridad. Según han confirmado diversas fuentes del Gobierno, Calvo (Palma, 1969) será nombrada el próximo martes en el Consejo de Ministros como sustituta de Pérez,

convirtiéndose así en la segunda mujer en la historia que desempeña la responsabilidad que en su día ya ostentó, también bajo el mandato de Marlaska, Ana Botella Gómez. Otra alto cargo

también de marcado perfil político y que acabó marchándose por discrepancias con el ministro. Calvo apenas tiene trayectoria profesional fuera de la política, a diferencia de Pérez, que es

juez de carrera -como su propio jefe hasta ahora en el ministerio-. En sus seis años en Interior, primero como jefe de gabinete y luego como secretario de Estado, el ahora dimisionario se

había ganado un respeto en las fuerzas de seguridad del Estado por sus conocimientos técnicos. En su últimas dos décadas de carrera profesional, Calvo ha ejercido exclusivamente bajo el

paraguas del Partido Socialista en diversos puestos de carácter político, en su mayoría vinculados a Baleares; las islas eran también el punto de origen del ya fallecido Joan Mesquida, quien

dirigió la Guardia Civil y a la Policía Nacional en los estertores de ETA y dentro del organigrama de José Luis Rodríguez Zapatero. El único conocimiento del funcionamiento sobre ambos

cuerpos que se atribuye a la recién elegida como mano derecha de Marlaska en el ministerio, los cuales ahora va a tener que comandar y coordinar, fue el vinculado a su labor como delegada

del Gobierno en su tierra entre 2020 y 2023. Eso fue antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez la nombrara secretaria de Estado de Igualdad, el cargo que gestionaba hasta recibir la llamada

para sustituir a Rafael Pérez. La salida de este, hombre de la absoluta confianza del ministro vasco y que llevaba tiempo rumiando su regreso a la Magistratura ante el desgaste inherente al

departamento, ha añadido pulsiones políticas a la crisis abierta para el PSOE esta semana con las grabaciones publicadas de la militante Leire Díez, señalada como fontanera de Ferraz, en las

que ésta negocia con varios empresarios imputados en causas judiciales la búsqueda de trapos sucios que pudieran comprometer a la UCO. Y singularmente al máximo responsable de la unidad que

combate la corrupción, a la que ha correspondido investigar en los últimos meses las sospechas de posibles ilícitos en el entorno personal y partidario del presidente Sánchez y sobre el

fiscal general, Álvaro García Ortiz. Este es el contexto en el que Rafael Pérez optó el martes por precipitar su salida del ministerio, pese al intento de su superior y amigo de que no lo

hiciera justo en este momento tan delicado por la sombra de una presunta operación para intentar desacreditar a los agentes de élite de la Guardia Civil. En este tiempo en el que ha

estrechado sus lazos con el titular de Interior, a Pérez no le ha ocurrido lo mismo con Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil.