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Viernes, 23 de mayo 2025, 13:22 Comenta Compartir Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a la vivienda en la Región de Murcia (más de veinte entidades sociales de

la Región) han conseguido más de 16.000 firmas durante los seis meses que ha durado la recogida de las mismas. Alcanzan así un 60% más de las 10.000 adhesiones exigidas por la legislación

para que la propuesta pueda ser tenida en cuenta en el parlamento autonómico. Este viernes, concretamente, el equipo coordinador de la ILP ha registrado en la Asamblea Regional 9.186 firmas,

que se sumarán a las 6.750 que ya han sido validadas por la Junta electoral tras las primeras entregas realizadas entre marzo y mayo de este ali y a otras 70 que se presentarán este lunes.

La ILP de la vivienda se ha convertido así en la iniciativa legislativa popular con más apoyos de la historia de la Región de Murcia, superando a las 14.700 firmas que alcanzó la propuesta

por la protección de los espacios naturales en el año 2006. «Estamos muy agradecidos a los más de 16.000 ciudadanos y ciudadanas que han firmado nuestros pliegos. La cifra oficial final

siempre es algo inferior porque hay algunas firmas que no se admiten por falta de algún dato o porque la caligrafía resulta ilegible, pero el apoyo es indudable. Hemos superado con creces la

barrera exigida por la ley autonómica», destacaron los promotores de la ILP. La ILP regional por el derecho a la vivienda plantea la modificación de la ley autonómica de vivienda, que fue

aprobada en 2015 y que aún está por desarrollar. «Ni siquiera el Gobierno regional ha redactado los reglamentos a los que hacen referencia más de la mitad de los artículos de la norma, por

lo que esta ILP no solo aspira a mejorar la ley, sino a hablar de ella y pedir su cumplimiento», añadieron los promotores de la ILP. Una vez validadas las firmas por la Junta electoral

provincial, la mesa de la Asamblea Regional tendrá que votar su admisión a trámite. Posteriormente, comenzará un periodo de enmiendas y de debate por parte de los grupos parlamentarios. Para

los promotores es casi un imperativo moral que los diputados voten a favor de la ILP porque creen que «no se puede seguir de brazos cruzados y la iniciativa cuenta con un gran apoyo

popular». PRINCIPALES REIVINDICACIONES Prohibir la venta de viviendas de titularidad pública «para que ningún gobierno regional pueda deshacerse de ellas, si se construyeran algún día, y así

lograr que siempre se destine el parque público a alquiler social» es una de las principales medidas que recoge la ILP. «No podemos dar lugar a que después de la inversión que queremos que

se haga en la construcción de vivienda pública, llegue otro ejecutivo y la privatice», afirmaron los promotores de la iniciativa. Otra de las propuestas más relevantes es «la creación de un

servicio público de intermediación entre demandantes de viviendas en alquiler y caseros y un registro regional de futuros inquilinos. Este planteamiento fomentaría contratos de larga

duración, a un precio más justo y evitaría sesgos y prejuicios sociales hacia colectivos estigmatizados. A su vez, si el gobierno implementase la medida correctamente, los propietarios se

ahorrarían los costes de la gestión de las inmobiliarias, el tiempo de buscar arrendatarios, tendrían garantizado el pago de la renta por la propia Comunidad en caso de impago o retraso y

podrían beneficiarse de un seguro gratuito de daños o vandalismo». La iniciativa legislativa popular recoge también «crear una compensación de 300 euros al mes para aquellos casos en los

que, pese a tener derecho a la prestación de un servicio o al pago de una ayuda, como está pasando con las subvenciones del alquiler para jóvenes, la Administración no cumpla con los plazos

previstos en las normativas y se retrase generando un perjuicio al beneficiario». La ILP sugiere también que «la ley autonómica se centre solo en regular el acceso a la vivienda y que no

incluya la ocupación, como sí contiene hasta ahora. Solo así la norma se especializaría en lo que realmente es el problema de la vivienda: hay más de 250.000 personas en la región, sobre

todo, jóvenes que no pueden ni comprar ni alquilar un piso; mientras que solo se han presentado 500 denuncias por ocupación en un año. Con este planteamiento no se mezclarían políticas ni

servicios, ya que son situaciones y perfiles muy distintos». Otra de las propuestas de la ILP supondría otorgarle el derecho de retracto y de adquisición preferente a la CARM cuando se vaya

a vender una vivienda de protección oficial. Por último, el equipo coordinador de la ILP ha quiso «agradecer a los cientos de personas voluntarias que han colaborado con la iniciativa y que

han puesto mesas de recogida de firmas, que han realizado asambleas informativas y que han celebrado jornadas de formación en todas las comarcas de la Región». Comenta Reporta un error