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Todos sabíamos que el Ministerio iba a sacar las reglas de explotación. Éramos conscientes, pues el Real Decreto de aprobación de los planes hidrológicos, le ... obligaba a ello. Pero nos

resistíamos porque negamos la mayor, que la planificación del Tajo –aprobada mediante Real Decreto– pudiera alterar el funcionamiento del Trasvase protegido con regulaciones legales de rango

superior. El retraso en la presentación del informe del Cedex (debió salir en 2024) tiene su explicación en que el propio Ministerio duda de la legalidad de sus actos –afeados por el

Consejo de Estado en un dictamen demoledor que el Miteco primero y el Consejo de Ministros después, obviaron–. Esperaban la resolución que el Tribunal Supremo dé a las diversas demandas

presentadas contra la planificación torticera y politizada de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Sabíamos pues que iban a presentar las nuevas reglas, no sabíamos cuándo. Y, en parte,

es esto lo que ha indignado a la cuenca del Segura. El momento y las formas. Cuando toda España se anegaba de agua; cuando los embalses empezaban a desaguar por temor al colapso –los de

cabecera del Tajo llegaban a niveles históricos que permitían enviar el máximo volumen por primera vez desde el establecimiento, en 2014, de las nuevas fórmulas de envío mensual al Levante–;

cuando la cuenca del Segura salía de la agonía de restricciones brutales al regadío –cuenca que por cierto sigue siendo la de menor almacenamiento del país, apenas un 0,8 por ciento de los

42.000 hectómetros cúbicos que a día de hoy atesoran todos los embalses del Estado español, que están al 76% de su capacidad–; cuando todo esto ocurría en el país, en ese preciso momento, el

Miteco cae en la cuenta de que ha de aprobar, la Ley así lo exige, 180 hm3 para enviar a los abastecimientos y regadíos de Alicante, Almería y Murcia. Estamos en el soñado nivel 1. Y Page,

el grandilocuente líder castellano, entra en 'modo exorcista' y el Miteco saca las reglas apresuradamente como contrapeso al trasvase de la ridícula cifra de 180 hm3 –del total de

42.000 hm3 que alberga el país–. El momento... el peor sin duda. Pero el modo en que lo han hecho es lo más deplorable. Los representantes institucionales de los más de 95 Ayuntamientos,

incluidas las capitales de Alicante y Murcia –unos 3.000.000 de almas– que reciben el agua, amén de los representantes de las más de 80.000 familias que reciben agua del trasvase, nos

tuvimos que enterar de todo lo que pasaba por medio de las informaciones que recababan los medios de comunicación de Murcia por filtraciones de los representantes de las poblaciones

ribereñas, unos 13.000 habitantes. El ninguneo ha sido antológico, humillante. Hasta el punto de que, el que suscribe este artículo, se sintió herido profundamente en su murcianía, alejado

de Madrid, de su nación. Además las reglas han sido diseñadas bordeando la legalidad. Las estudiaremos una vez tengamos conocimiento oficial y recurriremos llegado el caso. La presentación

del informe de las reglas sugiere que el encargo del Miteco persigue asegurar en la medida de lo posible el abastecimiento, «no sea que la sociedad civil se altere». Mantener la lámina de

los embalses lo más elevada posible –para facilitar las actividades recreativas y lúdicas en detrimento del uso preferente en regadío–. El nivel uno se eleva cien hectómetros por encima de

lo que este año histórico se ha conseguido, lo que lo hace inalcanzable. Y ese nivel es precisamente el que garantiza recibir el cien por cien de las dotaciones excedentarias a las que

tenemos derecho por Ley. Y para postre, sin concluir ninguna de las obras prometidas de desalación, el Miteco se plantea para el siguiente ciclo de planificación nuevos proyectos de

generación de agua desalada para tapar las vergüenzas del recorte del trasvase, pero sin presupuesto. Es decir, la prometida solución del gobierno del Sr. Pedro Sánchez quieren que la

paguemos nosotros los agricultores y llegaría además tarde, muy tarde. La desalación, por sus costes, es un bulo si no es pública y financiada. Si quieren arrebatarnos lo que por derecho nos

corresponde que nos den agua a un precio similar al que actualmente pagamos la que nos pretenden arrebatar. Lo contrario es un acto de irresponsabilidad política sin precedentes. A partir

de 2027, con muchos meses, quizá años, sin agua del trasvase, con las obras de desalación sin concluir, con nuevos 'cuentos' de generación de agua por proyectar y con la reducción

de subterráneas prevista en el plan de cuenca, el 50% del regadío de la cuenca del Segura está en la cuerda floja, y eso no lo podrán soportar nuestras economías locales y autonómicas. El

apagón del regadío afectará, no lo duden, a toda la sociedad civil. ¡Hasta aquí hemos llegado! Si hemos de desaparecer, no será pacíficamente y todos seremos responsables ante las

generaciones venideras de nuestra acción u omisión en estos difíciles años que vienen por delante. En estos momentos todos, regantes, empresarios, civiles, políticos, sobre todo políticos,

hemos de entonar un discurso único... el que defiende las necesidades económicas y medioambientales de nuestras regiones.