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El consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Madrid en el inicio de la pandemia, Alberto Reyero, ha declarado este martes en un juzgado de ... Leganés que cuando conoció, el 21 de

marzo de 2020, los protocolos que impedían que los mayores de las residencias contagiados por covid-19 fueran trasladados a los hospitales, avisó al entonces consejero de Salud, Enrique Ruiz

Escudero, y al director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, de que «si se aplicaban, moriría mucha gente de forma indigna». A la salida de los

tribunales, Reyero ha explicado que vio en aquellos documentos una «discriminación clara» hacia las personas que vivían en los geriátricos, pero que no sabe «quién es su autor ideológico».

«Yo no elaboré esos protocolos, solo puedo saber quién los firmó», ha subrayado. Reyero ha recordado que es «la cuarta vez» que declara por las muertes en residencias, pero la primera vez

que lo hace por la nueva vía abierta por las familias, que ahora acusan a la Comunidad de Madrid de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, que está castigado por

el artículo 511 del Código Penal. «Fue una aplicación de un edadismo terrible que se cebó con las personas más vulnerables», ha dicho Reyero, que considera «una barbaridad» que una persona

«por su nivel de dependencia, discapacidad y el vivir en una residencia quede excluida de atención hospitalaria». Los protocolos son «éticamente reprochables, pero que sean delito o no a mí

no me corresponde decirlo, es un juez el que tiene que decir si es delito», ha resaltado el exconsejero, que ha sido recibido por aplausos de sus familiares a su llegada a los juzgados de

Leganés. Además, durante la vista, la fiscal ha solicitado la suspensión de la declaración de Antonio Burgueño, un alto cargo de la Comunidad de Madrid en 2020, después de que explicara que

la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le planteara en una reunión telefónica el 11 de marzo que debía haber un mando único en la pandemia. En esa conversación también participaron el

jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y sus consejeros de Sanidad y Hacienda. Burgueño, que preparó un plan para medicalizar las residencias que no se puso en práctica, «fue

nominado como ese posible mando único y a partir de esa declaración la Fiscalía ha solicitado la suspensión de su declaración en calidad de testigo ante la posibilidad de que la juez pueda

citarlo en el futuro en calidad de investigado», ha indicado el abogado Carlos Castillo, miembro del equipo jurídico de la Marea de Residencias. Burgueño ya está siendo investigado en un

caso similar por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Las familias de los fallecidos en las residencias de mayores por la covid-19 han encontrado una nueva vía para que los

tribunales sigan investigando sus denuncias. Dos juzgados, uno en Madrid y otro en Leganés, han abierto en las últimas semanas sendas causas contra ex altos cargos de Ayuso implicados en la

gestión de los geriátricos durante la pandemia. Tras cinco años de reveses legales y con la mayoría de las anteriores demandas por homicidio rechazadas, las denuncias comparten un nuevo

motivo que permite vislumbrar más recorrido judicial, la denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. El primero de los casos que explora este nuevo camino se encuentra en el

Juzgado 3 de Madrid. Además de Burgueño, allí estaban citados para declarar como investigados el lunes de la semana pasada (lo harán finalmente el 17 de junio) dos ex altos cargos de Ayuso,

Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad desde septiembre de 2019, y Francisco Javier Martínez Peromingo, que le sucedió en el cargo en mayo de 2020. A Mur y a

Peromingo se les considera los autores de los llamados 'protocolos de la vergüenza', que frenaron en Madrid la derivación de los residentes contagiados a los hospitales. El

procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril después de que lo solicitara la Fiscalía Provincial tras una demanda colectiva de 109 familiares,

coordinada por las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia y presentada en octubre del año pasado. La segunda causa judicial, en la que ha declarado este martes Reyero,

se abrió el viernes en el Juzgado número 6 de Leganés y en esta ocasión, no parte de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes. Además del exconsejero del

Gobierno de Madrid y de Burgueño, ha pasado ante el juez este martes Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, un grupo privado sanitario con gran implantación en Madrid. También

acudirán ante el juez el antiguo director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de Enlace del Hospital Severo Ochoa de Leganés. «A diferencia de las anteriores denuncias, que apuntaban a

delitos de homicidio o lesiones por parte de los centros, esta vez la Fiscalía ha reabierto los casos porque considera que la nueva vía, la del delito de denegación discriminatoria de la

asistencia sanitaria, no se ha investigado lo suficiente», señala el abogado Carlos Castillo. «Las denuncias de ahora son completamente distintas porque se dirigen a dirimir las

responsabilidades de los autores intelectuales de la denegación de los traslados a los hospitales», agrega Castillo. Durante la pandemia, las asociaciones habían presentado unas 350

denuncias relacionadas con las muertes en las residencias, pero la gran mayoría de ellas habían sido desestimadas por los tribunales, muchas incluso sin que se iniciara una investigación. De

hecho, el Gobierno de Ayuso daba casi por amortizada la crisis de las residencias. «Esto se archivó hace tres años, ahora lo reabre la Fiscalía provincial, que jerárquicamente depende del

señor que ha emprendido una operación de Estado contra mí, y que a su vez este señor depende del presidente del Gobierno», criticó el pasado miércoles la presidenta madrileña. La posibilidad

de que los procesos judiciales decayeran completamente al cumplirse el periodo de prescripción para este tipo de casos, fijado en cinco años después de la muerte de los pacientes, animó a

los denunciantes a intentar la posibilidad de la denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. En cualquier caso, y dado que una parte muy importante de los fallecimientos se

produjo en los tres primeros meses de la pandemia (marzo, abril y mayo), «muchas de las causas no se van a poder reabrir», admite Castillo.