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El dictamen favorable a la oferta pública de adquisición de BBVA sobre Sabadell concretado este miércoles por la Comisión Nacional de los Mercados y la ... Competencia (CNMC) –por unanimidad

de los cinco consejeros concernidos en la decisión pese a que Junts haya optado ahora por disfrazar el aval de Pere Soler, designado a propuesta de los de Puigdemont– ha adentrado la

sensible operación bancaria en un terreno insoslayable. Insoslayable para el Gobierno de Sánchez porque el Consejo de Ministros deberá resolver en un plazo máximo de 45 días si da vía libre

a la opa o la condiciona hasta tal punto –posibilidad a la que ha dado aire la disconformidad que viene dejando traslucir el Ejecutivo– como para que las objeciones puedan hacer embarrancar

la aspiración del banco vasco. Pero insoslayable sobre todo, más allá del protocolo de actuación que define la Ley 17/2007 de Defensa de la Competencia, porque la aprobación por la CNMC

delimita el terreno de juego en unos criterios técnicos que embridan los de interés u oportunidad política. Especialmente cuando el informe es fruto de la cuadrutura de los requisitos

planteados por el regulador independiente con su aceptación por parte de BBVA, aun cuando Sabadell los considere insuficientes y discrepe de la metodología aplicada. No es posible dilucidar

qué reacciones habría generado esta opa si Cataluña no estuviera emergiendo de la traumática década del 'procés'; si el retorno de Sabadell a Barcelona no constituyera una suerte

de 'apuesta de país' para la Generalitat y el conjunto del arco parlamentario catalán; y, singularmente, si el Ejecutivo de Sánchez no tuviera comprometida su supervivencia en una

doble vía que confluye: los pactos con el independentismo y la reivindicación del «reencuentro» con la España constitucional a través del Govern de Salvador Illa. Pero los condicionantes

políticos –que además no son coincidentes en sus objetivos últimos– no pueden permear la decisión que acabe adoptando el Consejo de Ministros encabezado por Sánchez, que está obligado

legalmente a tasarla y justificarla adecuadamente tras el dictamen de la CNMC; y bajo la constatación de que el desenlace pende de los 200.000 accionistas de Sabadell. Sostener, como ha

hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz, que el Ejecutivo ha de parar la opa porque con ella «pierde la democracia» constituye un exceso argumental incompatible con «el rigor» y «la cautela» a

los que apela el ala socialista del Ejecutivo. Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora

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