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Mª Teresa López de la Vieja es miembro del Patronato de la Fundación Ana Díaz Medina

El Real Decreto-ley 21/2020, aprobado el 9 de junio, establece medidas para levantar el Estado de Alarma y restablecer la normalidad, sin comprometer la respuesta ante la crisis sanitaria y

sus graves consecuencias.

La Orden SND/507/2020, publicada el día 6, mencionaba ya el proceso conducente a una situación de normalidad. Recuperar la vida cotidiana y la actividad económica –manteniendo la protección

de la salud pública– eran los objetivos del Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad, aprobado en abril.

La “nueva normalidad” ha entrado también en las declaraciones de responsables políticos y en los medios de comunicación, si bien en términos generales y en relación a la emergencia

sanitaria, provocada por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Pero ¿qué significa esa expresión?

Por azar, ha reaparecido en el discurso público un siglo después de haber sido utilizada en la política norteamericana. En enero de 1920, el candidato republicano Warren G. Harding reclamaba

la estabilidad y la salvaguarda de la nación (“…to prosper America first, to think of America first”). El 14 de mayo de ese mismo año, su principal argumento en favor de un programa de

restauración nacional era la necesidad de paz y normalidad (normalcy). Fue elegido presidente de Estados Unidos un año más tarde.

En 2020, el demócrata Joe Biden se presenta como el candidato de la normalidad y la estabilidad, conocidas en la etapa del presidente Obama. Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, ha

planteado medidas para el control de la epidemia en la nueva normalidad de actividad económica.

En la Unión Europea, el ministro holandés Mark Rutte se ha referido en abril a la nueva normalidad, con ocasión de la reapertura de centros educativos; en Alemania, el vicepresidente Olaf

Scholz, del SPD, ha pronosticado una larga etapa de nueva normalidad.

Declaraciones recientes sobre el final del confinamiento, hechas por el presidente italiano, Giuseppe Conti, y, en Francia, por el presidente Emmanuel Macron, han ido en una línea similar.

¿Qué tiene de novedoso la “nueva” normalidad? El origen de un término no tiene por qué restarle validez, pero sus usos indican cual ha sido y, más aún, qué orientación pueden tener las

políticas públicas (sanitaria, económica, social, científica, educativa, etc.). Quizás se podrían emplear otros términos con menos carga ideológica para definir y acometer la reconstrucción

de los países, las actividades y, en fin, la vida de la ciudadanía.

En su discurso inaugural como presidente, Warren G. Harding insistió en la vuelta a la normalidad (normalcy) para recuperar el bienestar. Atrás debían quedar los elevados costes de la

Primera Guerra Mundial.

En el 2001, los ataques del 11 de septiembre en Nueva York hicieron de la seguridad objetivo prioritario, aun a costa de las libertades. La nueva situación había llegado para quedarse (new

normalcy), según el vicepresidente Dick Cheney; pero comportaba supresión de garantías y deterioro del imperio de la ley. Los derechos humanos estaban en retroceso.

La crisis financiera del 2008 convirtió a las políticas de austeridad en norma para la mayoría de los países, con el consiguiente deterioro de los servicios públicos.

Roger McNamee veía la crisis económica como una nueva oportunidad (The New Normal: Great Opportunities in a Time of Great Risk, 2004); años mas tarde ha criticado la falta de responsabilidad

de Facebook y Google: auténticas amenazas para la salud y para la democracia. (Zucked: Waking Up to the Facebook Catastrophe, 2017).

La voluntad de recuperar una forma de vida amenazada ha cobrado aún más fuerza a raíz de otro tipo de crisis: desastres y emergencias sanitarias. Estas han agudizado la incertidumbre y las

contradicciones de la vuelta a la normalidad; para superar las crisis, ¿hay que conservar o innovar?

En el 2004, el desastre provocado por el huracán Katrina puso al descubierto la imprevisión de las administraciones y profundas desigualdades entre la población.

En 2009, la epidemia del SARS demostró que los riesgos para la salud pública ya no tenían fronteras, eran globales.

Las recomendaciones hechas entonces no han sido tenidas suficientemente en cuenta, a fin de prevenir nuevas emergencias sanitarias.

En 2014, llegó el virus Ébola, en el 2015 el Zika y a finales del 2019 el virus SARS-CoV-2, con efectos devastadores a escala global.

Los precedentes deben ser tenidos en cuenta, sin duda. Solo que la “nueva” normalidad tiene bastante recorrido y puede resultar contradictoria –el escritor Martín Caparrós se ha referido a

las contradicciones–.

Además ¿cuánto margen deja para la innovación? Hace poco, el 5 de junio, la OCDE ha recomendado que no se vuelva a lo acostumbrado: la recuperación tiene que estar basada en prácticas más

inclusivas y sostenibles.

Por último, “normalidad” deriva también de “norma”. En materia de salud pública sigue vigente la Ley 33/2011, que contempla programas de prevención.

El sistema para la atención a la dependencia, con cuidados profesionales y no profesionales, está previsto en la Ley 39/2006.

La protección contra la violencia de género –más casos durante el confinamiento– es el objetivo de la Ley Orgánica 1/2004. Para lograrlo, es fundamental que la igualdad entre mujeres y

hombres sea efectiva, según la Ley Orgánica 3/2007 y el Real Decreto-ley 6/2019.

Y todas las actuaciones públicas han de garantizar el acceso a la información y la transparencia, como establece la Ley 19/2013. Esto es, la normal aplicación de todo lo previsto en el marco

de normas en vigor sería clave para la necesaria reconstrucción.