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El Gobierno prevé que no se hagan públicos los nombres de los suministradores que formarán parte de la lista de proveedores de 5G de alto riesgo y que NO PODRÁN PARTICIPAR EN LAS

INFRAESTRUCTURAS DE ESTA NUEVA TECNOLOGÍA. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que esta decisión se basa en razones de seguridad y que además busca no señalar a las compañías

afectadas limitando daños empresariales colaterales. Cuando se elabore y se cierre la lista -y en el caso de que existan proveedores de alto riesgo- LA DECISIÓN SE COMUNICARÁ A LOS

PROVEEDORES AFECTADOS Y A LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES QUE POTENCIALMENTE PUEDAN UTILIZAR SUS SERVICIOS. Será una comunicación privada y sin difusión. Del mismo modo, tampoco se

realizará una publicación oficial ni se emitirá un comunicado al respecto, ni a prensa, ni a la opinión pública. Las razones oficiales son las implicaciones de seguridad nacional que tendría

una comunicación de estas características, pero además la dinámica de la propia lista. La Ley de ciberseguridad 5G publicada en mayo indica que UN PROVEEDOR DECLARADO DE ALTO RIESGO PUEDE

APELAR A LA DECISIÓN o bien presentar nueva documentación que al cabo de pocos meses le permita ser excluido del listado. De esta manera, al no hacerse pública la lista no se estigmatiza a

los afectados que siempre tendrá la posibilidad de volver a ser aceptados. PLAZOS DE LA LISTA En todo caso, otras fuentes apuntan a que ESTA SITUACIÓN PODRÍA GENERAR OPACIDAD EN TEMAS TAN

SENSIBLES COMO LA CIBERSEGURIDAD Y EN PLENA INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA. Por otro lado, se cree que finalmente no se cumplirá el objetivo de mantener oculta esta información ya que hay altas

probabilidad de que las sucesivas listas se vayan filtrando de manera periódica a la propia prensa. Con todo, el Gobierno definirá la lista de proveedores de alto riesgo antes de final de

año o a comienzos de 2023, un plazo bastante más extenso que los tres meses establecidos originalmente en la Ley de ciberseguridad 5G. Así lo confirmó en julio el director general de

Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, Arturo Azcorra en el congreso DigitalES Summit 2022.  Azcorra advirtió que el plazo se extenderá «varios meses

más» DEBIDO A LA COMPLEJIDAD REGULATORIA Y EL TRABAJO CONJUNTO QUE SE ESTÁ HACIENDO CON DIFERENTES MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS. También advirtió que este listado -que todavía debe definir si

efectivamente existen proveedores de infraestructuras de 5G con un riesgo alto o medio- ha tenido que incorporar la nueva realidad geopolítica tras la invasión de Rusia a Ucrania. VETO A

HUAWEI A finales de marzo, el Ejecutivo promulgó por sorpresa la Ley de ciberseguridad 5G en la que se establecía un marco de obligaciones que allanaba el camino para vetar proveedores que

significaran un riesgo para las infraestructuras estratégicas. Una normativa que podría traducirse en el veto de suministradores chinos como Huawei o ZTE. La normativa prohíbe utilizar estos

proveedores de alto riesgo a los operadores 5G que sean titulares o exploten elementos críticos de una red pública 5G. Un veto que además implica sustituir equipos que incluyan componentes

de proveedores de alto riesgo aunque lleven años en funcionamiento.  En el trasfondo de la ley está la necesidad de generar una infraestructura de redes totalmente europea y con

suministradores de países aliados, además de tener una diversificación entre las compañías que construyen la red. La normativa incluía la creación de un listado de proveedores de «alto

riesgo» tres meses después de la publicación del decreto. Una situación que genera cierta inquietud en el sector ya que se mantiene interrogantes respecto de los futuros despliegues. Conocer

esta lista de proveedores de alto riesgo es clave para las operadoras de telecomunicaciones como Telefónica, Orange o Vodafone, ya que de ella depende la firma de sus futuros acuerdos con

proveedores de red o de la modificación de sus actuales infraestructuras.