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VALÈNCIA (EP). La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha revocado el archivo de la causa por presunta prevaricación contra el diputado de Cultura de la Diputación de

Valencia Xavier Rius por la adjudicación de catálogos de una exposición del MuVIM y ordena continuar las diligencias al considerar que el cierre de la instrucción fue

"precipitado". De esta forma, la Audiencia estima el recurso interpuesto por la exportavoz del PP en la corporación provincial Mari Carmen Contelles, quien alegó contra la decisión

del Juzgado de Instrucción número 1 de València de archivar la causa contra el diputado de Compromís. En su día, Contelles presentó la querella en relación con los catálogos de la

exposición temporal del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) titulada 'La Modernitat republicana a València. Innovacions i pervivències en una època decisiva'.

Sostenía que hubo una "concertación" para, "eludiendo los procedimientos de contratación administrativa, adjudicar la contratación de la impresión de los catálogos por un

importe superior a los 18.000 euros de forma directa a una empresa". Tras el archivo inicial, la Audiencia ha decidido --en un auto consultado por Europa Press-- reabrir la causa

argumentado que "el cierre de la instrucción ha sido precipitado a tenor de los testimonios remitidos". "Se ha admitido una querella por una conducta que, de forma al menos

aparente, podría haber supuesto la infracción del procedimiento administrativo en la adjudicación de unos trabajos de impresión de un catálogo que se habría fraccionado en dos partes,

aparentemente iguales, en un cortísimo periodo temporal". Ello exige, según la sala, "la continuación de la investigación para realizar las comprobaciones oportunas, siendo

claramente insuficientes las declaraciones exculpatorias de los investigados para descartar la existencia de los indicios de delito que ha puesto de manifiesto el recurrente, por lo que

deberán practicarse aquellas diligencias propuestas que resulten admitidas para establece que más allá de una posible irregularidad administrativa, la actuación pudiera tener encaje en un

delito de prevaricación u otro". Añade que en dicha investigación pueden surgir otros posibles responsables o que sea excluida la participación de alguno de los querellados. "Pero

lo cierto es que, al menos indiciariamente, los hechos por los que se presentó tienen una apariencia delictiva que es necesario investigar", incide. En cumplimiento de esta resolución

de la Audiencia, el Juzgado de Instrucción número 1 ha declarado este viernes la causa compleja --lo que implica ampliar el plazo de instrucción-- "vista la necesidad de realizar las

oportunas diligencias para la investigación de los hechos que pueden determinar la superación del plazo legal establecido en el artículo 324 de la LECRIM".