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El consejero d eAgricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha declarado que  “donde no se quiera una granja de porcino, al igual que cualquier otro proyecto

empresarial, los ayuntamientos tienen la potestad de retirar el proyecto como órgano sustantivo y no habría ni que analizarlo desde el punto de vista ambiental”. Así, ha dicho, “los

alcaldes, concejales, las corporaciones municipales, los ayuntamientos donde se quieren instalar estas empresas deben ser conscientes de la importancia de la decisión que toman y deben tener

en cuenta la opinión de los ciudadanos del municipio”. Martínez Arroyo ha destacado en este punto, “que sean los ciudadanos de los municipios” y no “como parece”, que “gente ajena a los

municipios de Castilla-La Mancha quiere tomar decisiones por los habitantes de los municipios de Castilla-La Mancha”. De esta manera, ha mencionado que “las corporaciones municipales son las

que deben saberlo y está en su mano permitir o no una granja en su municipio”, y en caso de permitirlo, contará con “un informe ambiental muy estricto por parte de la Consejería que va a

condicionar el proyecto empresarial como está sucediendo en los que se han aprobado”. Estas declaraciones llegan en medio de la polémica que se vive desde hace meses en Pozuelo ante el

proyecto de instalación de una macrogranja que CEFUSA-El Pozo quiere ubicar en esta localidad ante el rechazo de numerosos vecinos de la población y aledañas pero que cuenta con el visto

bueno de su alcalde y la actitud timorata de otros ediles de poblaciones cercanas como San Pedro. REGULACIÓN Castilla-La Mancha será la primera Comunidad Autónoma en ampliar hasta los dos

kilómetros la distancia para la instalación de las granjas de producción de los núcleos urbanos a través de un decreto que verá la luz en septiembre de este año. Así lo ha anunciado esta

semana el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha explicado que desde el Gobierno regional se está cambiando la normativa existente

duplicando así la distancia que hasta el momento regula el Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo, que marca en un kilómetro la separación de estas explotaciones respecto a la población. En el

decreto, que se publicará en septiembre de este año, se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha y, entre sus

novedades, se encuentra que las explotaciones de porcino de más de 33 UGM de nueva instalación o ampliaciones de las ya existentes, además de lo requerido en la normativa básica estatal, no

podrán situarse a una distancia inferior a 2.000 metros de suelo urbano residencial. “Es un decreto importante, porque es el único elaborado en España sobre la materia”, ha asegurado

Martínez Arroyo, quien ha recordado que “en todas las otras comunidades autónomas, en todo el territorio, está en vigor un Real Decreto que establece que la distancia mínima es un kilómetro”

y, ha continuado, “solo en Castilla-La Mancha la distancia mínima va a ser el doble”. Así, ha expresado, que esta nueva normativa regional es “una declaración de intenciones, un compromiso

del Gobierno de Castilla-La Mancha con los intereses que manifiestan los ciudadanos y con el medio ambiente, porque aquí también hablamos de medio ambiente”. EL NÚMERO DE GRANJAS EVALUADAS

EN LA REGIÓN ES 10 VECES MENOR QUE EN OTRAS COMUNIDADES “No quiero que parezca que nos oponemos a la ganadería intensiva, que también es necesaria”, ha dicho, explicando que en la región

“somos conscientes de que hay una parte de la ganadería que es intensiva”. “Castilla-La Mancha es probablemente la Comunidad Autónoma española donde menos ganadería de intensivo de porcino

hay”, ha remarcado. El compromiso regional es anteponer la ganadería extensiva y, frente a otras comunidades en las que el número de solicitantes de granjas porcinas supera los 400, en

Castilla-La Mancha apenas existen 50 solicitudes. También, es comparable el número inferior de explotaciones de porcino existentes en la provincia de Cuenca, con 140, la mayoría de ellas

familiares, ante las más de 1.500 en la Región de Murcia, territorios con extensiones similares. Es por ello, que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha explicado

que en la región es donde “menos” hay y donde “menos nuevas granjas va a haber también”. A LOS DOS KILÓMETROS DE DISTANCIA, SE LE UNEN OTRO TIPO DE ACTUACIONES El nuevo decreto que se

publicará en septiembre “amplía la distancia y resuelve en la práctica la preocupación de la mayor parte de los ciudadanos y de la mayor parte de los municipios al respecto”, ha dicho. A

esta medida, se le une, además, la existente en política ambiental, que es “muy estricta”. Todos los expedientes de instalaciones porcinas que se analizan y que llegan avalados por los

Ayuntamiento hasta la Viceconsejería de Medio Ambiente, “como cualquier otro proyecto empresarial que se quiera poner en marcha en la región”, ha explicado, “tienen condicionantes

ambientales muy exigentes y lo sabes perfectamente las empresas”. Asimismo, ha declarado que “donde no se quiera una granja de porcino, al igual que cualquier otro proyecto empresarial, los

ayuntamientos tienen la potestad de retirar el proyecto como órgano sustantivo y no habría ni que analizarlo desde el punto de vista ambiental”. Así, ha dicho, “los alcaldes, concejales, las

corporaciones municipales, los ayuntamientos donde se quieren instalar estas empresas deben ser conscientes de la importancia de la decisión que toman y deben tener en cuenta la opinión de

los ciudadanos del municipio”. Martínez Arroyo ha destacado en este punto, “que sean los ciudadanos de los municipios” y no “como parece”, que “gente ajena a los municipios de Castilla-La

Mancha quiere tomar decisiones por los habitantes de los municipios de Castilla-La Mancha”. De esta manera, ha mencionado que “las corporaciones municipales son las que deben saberlo y está

en su mano permitir o no una granja en su municipio”, y en caso de permitirlo, contará con “un informe ambiental muy estricto por parte de la Consejería que va a condicionar el proyecto

empresarial como está sucediendo en los que se han aprobado”. AYUDAS PARA LAS EXPLOTACIONES DE PORCINO DE MENOS DE 1.000 CABEZAS De otro lado, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha publicado

esta semana la segunda convocatoria de ayudas para la mejora de explotaciones por importe de 40 millones de euros. En el caso concreto del porcino, las granjas de tamaño pequeño y mediano,

de menos de 1.000 cerdos de cebo o de 200 madres en ciclo cerrado, todas ellas de tipo familiar, se podrán beneficiar de las mismas.