
Bruselas plantea una simplificación administrativa que ahorrará 400 millones al año a las empresas europeas | las provincias
- Select a language for the TTS:
- Spanish Female
- Spanish Male
- Spanish Latin American Female
- Spanish Latin American Male
- Language selected: (auto detect) - ES
Play all audios:

El Ejecutivo comunitario mantiene sus esfuerzos para impulsar la competitividad de las empresas europeas frente a la competencia de EE UU y China. Este miércoles, ... la Comisión Europea ha
propuesto una simplificación del Mercado Único europeo, que permitirá a las empresas ahorrar hasta 400 millones de euros anuales en costes administrativos, además de los 8.000 millones que
se buscan ahorrar con anteriores esfuerzos para reducir la burocracia. Entre las medidas que se incluyen en este paquete hay incentivos para las pymes, el impulso de la digitalización, la
reducción de carga administrativa y apoyo para lograr el objetivo de reducir hasta el 25% los costes administrativos. Cuando las empresas crecen más allá de los 250 empleados, se consideran
grandes compañías, por lo que aumentan considerablemente las obligaciones que tienen que cumplir, lo que limita la ambición de estas empresas de crecer y la competitividad. Por ello, la
Comisión plantea una nueva categoría de pequeñas y medianas empresas, por debajo de los 750 empleados y con un volumen de negocio anual de 150 millones de euros. Se calcula que unas 38.000
firmas europeas podrían formar parte de esta nueva categoría y beneficiarse de la derogación de las reglas actuales. Bruselas también quiere una exención del registro de gases fluorados de
efecto invernadero. Actualmente todos los importadores y exportadores de productos que contienen gases fluorados deben registrarse -muchos de ellos concesionarios de automóviles- y en 2026,
unas 10.000 empresas podrían quedar fuera de este registro con los cambios propuestos. Esto reducirá la carga de cumplimiento para las pequeñas empresas, «al tiempo que mantendrá los
objetivos climáticos», señala el comunicado de Bruselas. La propuesta -que deberá recibir el visto bueno del Consejo y el Parlamento Europeo- también busca acelerar la transición digital,
eliminando requerimientos en papel como declaraciones de conformidad e instrucciones de uso, entre otros. De este modo, mejorará la distribución y las autoridades nacionales podrán verificar
el cumplimiento de la normativa europea de forma más efectiva.