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Francisco Martínez, quien fuera número dos del Ministerio del Interior entre 2013 y 2016, bajo la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, ha ingresado este ... jueves en prisión provisional. La

jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha secundado la petición de la Fiscalía y ha ordenado que el exdiputado nacional del Partido Popular sea encarcelado para evitar la destrucción

de pruebas en el marco de una investigación que sigue bajo secreto. Se le acusa de los delitos de intrusismo informático, descubrimiento de secretos, organización criminal y blanqueo de

capitales, según han confirmado fuentes jurídicas. Martínez, madrileño que cumplió ayer 50 años, un día antes de su detención en la llamada 'operación Borraska', está procesado

además en otra causa que se sigue en otro juzgado de la Audiencia Nacional. En concreto, por su presunta participación en la 'operación Kitchen', una rama del 'caso

Villarejo' sobre el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, extesorero nacional del PP, y su familia. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por delitos de encubrimiento,

malversación de caudales públicos y contra la intimidad. El que fuera mano derecha del ministro Jorge Fernández en Interior, responsable de la secretaría de Estado de Seguridad nada menos,

entra en prisión acompañado de los otros dos detenidos este martes en territorio nacional: el joven hacker reincidente José Luis Huertas, alias 'Alcasec', y su socio Adrián Molina.

Mientras que el cuarto investigado, el youtuber Álvaro Martín, alias 'Valyrio', fue arrestado en Andorra y se ha solicitado su extradición para que responda ante el juzgado

central. En estos casos se ha valorado para su ingreso en prisión preventiva, además del riesgo de destruir pruebas, el riesgo de fuga. Fuentes jurídicas han explicado que Francisco Martínez

relató a la juez sus vínculos con Alcasec, quien está procesado en otra causa por el hackeo de la base de datos de la Administración de Justicia, por lo que le piden tres años de prisión al

aplicarle la atenuante muy cualificada de colaboración. Martínez señalado que fue abogado del joven cuando tuvo un conflicto judicial siendo menor, y que su intención ha sido siempre

ayudarle tanto en el terreno personal como en el profesional. En este punto -afirmó- le facilitó entrar en entornos profesionales y a crear dos empresas, de las que dijo no saber su

evolución ni la finalidad que le dio su cliente. Y ha negado que se enriqueciera de dato alguno al que haya podido acceder. Del mismo modo, ha detallado que en el marco del asesoramiento

legal que dio al informático éste estaba al parecer desarrollando un buscador que organiza con Inteligencia Artificial (IA) los datos de fuentes abiertas en internet. Alcasec le facilitó

luego el acceso a Martínez, según éste, para que lo probase y en su experiencia no vio nada anormal, pues son datos que se pueden obtener en cualquier web comercial mercantil de pago. Según

las mismas fuentes, el ingreso en prisión de quien fuera número dos de Interior se extenderá hasta que la Policía asegure las bases de datos supuestamente creadas por Alcasec. Sea como

fuera, este jueves pasará su primera noche entre rejas. SOFISTICACIÓN Tras las detenciones y los registros efectuados el martes, la Policía Nacional informó de que la 'operación

Borraska' se inició en 2024 tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del

sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas. "La red había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar,

indexar y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales", apuntaban los agentes en la nota. Esta

capacidad, añadían, "les permitía elaborar perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un

bot cifrado en una conocida red social". Toda la operativa, sostiene la Policía, "estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad". Los investigadores aseguran que "la estructura criminal operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente

diferenciadas". Entre las mismas se encontraban la administración tecnológica, el desarrollo de herramientas de anonimato, la gestión financiera a través de criptoactivos, el

asesoramiento jurídico, la expansión internacional y la comercialización en mercados oscuros. "Uno de los miembros desempeñaba un rol clave en esta internacionalización, ampliando las

operaciones a terceros países mediante contactos profesionales consolidados", añadía la nota. La red habría instrumentalizado "sus relaciones personales y profesionales para

presentarse como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico, blanqueando su operativa mediante estructuras societarias y servicios de consultoría que facilitaban su inserción en

entornos económicos e institucionales".