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Estamos en plena declaración de la renta, la contribución de todos a mantener el Estado del Bienestar, la justicia social, el reparto justo —al menos así debería ser— de nuestros impuestos

para costear los servicios públicos, atender las desigualdades sociales, hacer posibles inversiones que creen empleo y empujen el desarrollo. Cómo se reparten esos dineros lo deciden el

Gobierno y el Parlamento, por mandato constitucional, aunque llevamos ya años en los que el Gobierno incumple su obligación y el Parlamento no puede decidir, lo que es una anomalía

democrática grave. Aun así, el IRPF, nuestra declaración anual, ofrece desde hace dos décadas la única posibilidad que se nos da a los ciudadanos de decidir dónde queremos que vaya una

pequeña parte de nuestros impuestos, el 0,7. Cada año, en esa declaración podemos decidir si queremos que esa pequeña cantidad vaya a la Iglesia católica —hasta 2006 había una financiación

parcial del Estado—, a las organizaciones con fines de interés social, las ONG, o a ambas. No es un dinero que «regala» el Estado o el Gobierno, lo deciden los contribuyentes libremente. El

año pasado, casi 9 millones de ciudadanos decidieron que su 0,7 fuera a la Iglesia, 208.000 más. Y ese 0,7 significó 382 millones, una pequeña parte de los 1.400 millones que invierte o

gasta la Iglesia cada año y que sale de las aportaciones de sus fieles, de los ingresos de patrimonio y otras actividades. También paga impuestos: 290 millones al año. Y su impacto sobre el

PIB es de 2.375 millones. Ese dinero, los 328 millones que salen de la decisión de los contribuyentes católicos y de muchos no católicos pero que reconocen la obra social de la Iglesia, y el

resto sirven para pagar los salarios, casi todos ellos mínimos, de los 15.285 sacerdotes que atienden 22.921 parroquias —cada una de ellas un centro de Cáritas, la gran casa de acogida de

los vulnerables— y que se suman a los más de 40.000 religiosos y religiosas y monjes y monjas de clausura. Pero sobre todo ese dinero sirve para mantener 987 hospitales, ambulatorios, casas

para ancianos, enfermos crónicos, mujeres que sufren violencia de género o que quieren abandonar la prostitución y personas con discapacidad. Y de 7.901 centros para mitigar la pobreza, para

asistir a migrantes, para promover el trabajo, buscar vivienda digna a los que no la tienen, para la tutela de menores y jóvenes. Y también para garantizar la libertad de enseñanza: 2.536

centros con más de millón y medio de alumnos y 135.000 trabajadores, que ahorran al Estado 4.604 millones de euros al año. Las cuentas de la Iglesia son transparentes y se presentan cada

año, auditadas externamente. Esa Iglesia que son también 9.932 misioneros —como el recién elegido Papa—. Por eso les invito a marcar la casilla de la Iglesia. Y también la de otros fines

sociales. En nuestro país sigue creciendo la desigualdad y hay más de ocho millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Por y ellos y por todos. También por nosotros. En

conciencia.